Asaja pide a Subdelegación del Gobierno Toledo información para poder contratar a inmigrantes acogidos a regularización

Exige realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes penales de los solicitantes

Asaja Toledo ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, para aclarar los pasos que deben dar los agricultores y ganaderos que estén interesados en contratar a inmigrantes que se acojan a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno nacional.

Esta petición responde a la necesidad de ofrecer «seguridad y orientación al sector», después de que el Ejecutivo haya anunciado la posibilidad de formalizar contratos con aquellos solicitantes que hayan iniciado su proceso de regularización, incluso antes de contar con la resolución definitiva.

La organización agraria, que en nota de prensa dice acoger de buen grado este proceso, recuerda que viene reclamando desde el pasado año la necesidad de agilizar los trámites administrativos que permitan regularizar, a través del arraigo sociolaboral, a aquellos inmigrantes que acrediten una residencia continuada de al menos dos años en nuestros municipios, que son los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería, si bien, según el procedimiento aprobado en el Consejo de Ministros bastará con demostrar llevar viviendo en España desde al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Esta propuestas, añade Asaja, «responde a varias razones de peso», pues considera «incoherente» que estas personas puedan estar empadronadas, tener a sus hijos escolarizados y acceder al sistema sanitario, pero no puedan formalizar un contrato de trabajo.

Asimismo, la organización agraria entiende que «quienes llevan años viviendo en el medio rural y haciendo uso de los servicios públicos deberían tener la oportunidad de integrarse plenamente y ganarse la vida de manera digna a través del empleo».

«En este sentido, facilitar la regularización contribuiría también a frenar prácticas irregulares y actividades ilícitas, como la usurpación de identidad o los engaños promovidos por redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes en situación irregular, prácticas que en muchas ocasiones resultan difíciles de detectar por parte de los empresarios agrícolas».

Asaja Toledo recuerda, además, que el campo atraviesa un grave problema estructural de falta de mano de obra. «Aunque existen personas desempleadas en el sector agrario, en muchos casos rechazan los contratos ofrecidos, pese a que estos se ajustan a las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo de la provincia, que se firma junto con los sindicatos».

No obstante, y tras insistir en que cualquier proceso de regularización debe llevarse a cabo «de forma ordenada y con todas las garantías», defiende que esté dirigido a personas con arraigo acreditado y que se realice una revisión exhaustiva de los antecedentes penales de los solicitantes.

Por último, Asaja Toledo subraya la importancia de que esta medida «no genere un efecto llamada, sino que contribuya a garantizar una mano de obra suficiente y cualificada para el sector agrario».

Para ello, la organización agraria considera fundamental apostar por la formación en labores agrícolas, de manera que el trabajo en el campo no sea un medio puntual para legalizar una situación irregular, sino que se consolide como una opción de empleo estable y a largo plazo que beneficie tanto a los trabajadores como a los empresarios agrarios.