Aprobada la ley de acompañamiento de los presupuestos que modifica 12 leyes con el voto en contra de PP y Vox

El pleno de las Cortes regionales ha aprobado con el voto a favor del PSOE y en contra del Partido Popular y Vox la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha para 2025, lo que se conoce como ley de acompañamiento a la ley de presupuestos, que supone modificar de forma puntual doce leyes regionales e incluir todas estas modificaciones en un único texto legal.

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desgranado el paquete de medidas administrativas y financieras que regula el texto legislativo y que afectan al ámbito competencial de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional.

Entre las medidas destinadas a reforzar las políticas sociales, destacan importantes modificaciones en el ámbito educativo. La primera, es la modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso educativo y aliviando la carga económica de las familias.

Asimismo, se modifica la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la región, para garantizar que la representación en el consejo escolar corresponda a los padres y madres del alumnado, y a los propios alumnos y alumnas y no a través de representantes de estos colectivos que pueden que no cumplan esa condición.

En materia de servicios sociales, el consejero se ha referido a la Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en la región, por la que se modifica el artículo 10, relativo al permiso a los letrados del Gabinete jurídico a continuar ejerciendo acciones judiciales en defensa de las personas tuteladas por la Junta, cuando alcancen la mayoría de edad, ampliando así su protección más allá del ámbito penal.

El proyecto de Ley también incluye medidas en materia de empleo público. En este ámbito, Ruiz Molina ha destacado la supresión de la aplicación de los porcentajes en la distribución de plazas vacantes del personal estatutario del Sescam, permitiendo convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos, en vez de estar limitados a un tercio de las vacantes en los concursos de traslados y dos tercios en las oposiciones, agilizando así los procesos selectivos.

En el ámbito cultural, el consejero ha mencionado una actuación relevante, se trata de la ampliación de los beneficios fiscales del mecenazgo cultural de carácter privado al ámbito deportivo, con el propósito de fomentar la actividad física y el deporte entre toda la ciudadanía, modificando el título de la Ley de Mecenazgo Cultural que pasará a denominarse Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo.

En materia de juego, se modifica puntualmente la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas.

Por otro lado, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.

El consejero de Hacienda ha apelado al «sentido común» y ha pedido a los grupos parlamentarios que voten a favor porque las disposiciones que se contemplan en este proyecto de ley están dirigidas al beneficio general de Castilla-La Mancha.

«No se trata de una norma improvisada o secundaria, sino de una ley esencial que acompaña, que complementa y que da coherencia al desarrollo de las cuentas públicas», ha defendido de su lado la ponente del dictamen, la socialista Ana Isábel Abengózar.

De su lado, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha afirmado que la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, «la mal llamada ley de acompañamiento», es «una ley ómnibus» que, según ha apuntado, «solamente va a servir para facilitar la vida al gobierno, pero no para facilitar la vida a los ciudadanos».

Según el portavoz ‘popular’, esta ley es «una compilación normativa» porque en lo que ha consistido es en que el consejero de Hacienda «pega un tiro al aire» a las consejerías y «han dicho señoras y señores todo lo que tengan ustedes en danza y que requiera de una modificación legislativa vamos a meterlo todo en una ley ómnibus».

Su compañero de bancada Juan Antonio Moreno Moya ha cargado contra el PSOE por no hablar de la carrera profesional sanitaria. «Están callados como puertas con ese tema», ha apostillado el diputado del PP, quien ha aseverado que Emiliano García-Page, con esta ley, «consuma su traición política» para con los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha durante el año 2025. «Lleva diez años incumpliendo su palabra», ha afeado.

La portavoz del PSOE en las Cortes ha acusado al PP de «hacer ruido» para «ocultar» sus enmiendas, que son «un corta y pega» como hacen todos los años. Además, ha dicho que «no aportan nada nuevo» y chocan frontalmente con el principio de eficiencia de la administración pública o no tienen justificación alguna.

También ha tenido palabras para Vox, a quien se ha dirigido para decirles que en sus enmiendas «no hay ni una sola propuesta útil» y tratan de «discriminar» porque plantean que «unas personas tengan derechos y otras no». «Solo proclamas ideológicas disfrazadas de trabajo parlamentario», ha afeado la socialista.

Sobre la carrera profesional sanitaria, ha dicho entre aplausos de la bancada socialista que el PP es «el responsable de que no haya carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha».

De su lado, el parlamentario de Vox Francisco José Cobo ha dicho que desde el partido de Santiago Abascal no van a parar hasta conseguir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas para los españoles. «Estamos defendiendo la constitución de los españoles para los españoles. Creo que ese es el espíritu de la constitución española», ha subrayado.

Ha censurado que el PSOE les llame «xenófobos y anticonstitucionalistas», y ha manifestado que «los españoles sufren las peores políticas sociales de la historia de España». «Lo que nos transmiten los españoles es que no tienen acceso a las ayudas públicas porque tienen preferencia los ilegales. Y eso no se puede permitir. Desde Vox queremos corregir eso», ha enfatizado.

«Queremos que se incorpore al principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas para que los españoles no se vean excluidos».

Ha cerrado el debate el consejero de Hacienda, que ha apuntado que el PP tiene «la cara muy dura» al hablar de la carrera profesional sanitaria, ya que este problema viene de la política de recortes de María Dolores de Cospedal. Una carrera profesional que, según ha defendido, el Gobierno de Page está «intentando recuperar» porque «destruir es muy fácil, pero reconstruir es mucho más lento».

«Votar en contra de este proyecto significa estar en contra de todo aquello que puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta región», ha concluido Ruiz Molina.