El Gobierno de España restringirá la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores

ALBACETE 19 Sep. –

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes durante su visita al CEIP albaceteño Ana Soto que están trabajando en una iniciativa para «limitar y restringir la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil».

Bustinduy ha aclarado que aún «tendrán que ver cuál es el mejor instrumento normativo» para aplicar la medida, asegurando que «hay diversos ejemplos internacionales» y que «aplicarán el que mejor funcione» para enfrentarse a los 4.000 anuncios publicitarios que reciben los menores al año, unos 11 anuncios al día de media.

«Pueden imaginarse el impacto que tiene en la formación de hábitos nutricionales el estar expuesto a un bombardeo a una edad en la que apenas se puede distinguir lo que es un contenido publicitario de lo que no lo es», ha argumentado el ministro de Consumo, quien ha afirmado que hay varios ejemplos de la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Española de Salud Alimentaria y de Nutrición de cómo la restricción de publicidad de alimentos insanos dirigida a un público infantil «reduce la demanda y genera efectos positivos en la salud».

«Soy consciente de que es un sector con una industria poderosa y hay grandes intereses en juego», ha advertido el ministro, quien espera que haya «grandes resistencias a este empeño» pero que mantendrán la obligación del ministerio de «defender el interés general y el derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable que les va a repercutir a lo largo de toda su vida».

La medida la ha considerado como «un paso más» para mejorar la salud alimentaria de los menores después de la aprobación del Real Decreto de comedores escolares sostenibles y saludables, el cual tiene el objetivo de garantizar que «en todos los colegios de España que los niños y niñas, sin importar su origen, el barrio en el que vivan o su condición social, tengan garantizadas cinco comidas saludables y sostenibles» que incluyan frutas y hortalizas de proximidad, proteína de calidad y «limitando los precocinados, las frituras y por supuesto excluyendo las bebidas azucaradas o las energéticas».

El ministro ha catalogado el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Albacete Ana Soto como un «ejemplo de buenas prácticas en materia de comedores escolares» de cara al nuevo Real Decreto de comedores, que se encuentra en fase de aplicación. «Es fundamental que las experiencias de centros como este sirvan de modelo a otros colegios para adaptarse y lograr ese objetivo de que las escuelas sean espacios de igualdad de oportunidades y que garanticen la salud de los niños y las niñas», ha destacado Bustinduy.

También ha remarcado que se centrarán en aplicar un modelo similar para los comedores de hospitales y residencias que incluya productos de calidad y proximidad de cara «a mantener un tejido productivo sano en el sector primario» con «círculos en la que la agricultura y ganaderías sostenible nutra a nuestros niños, personas mayores o a quienes necesitan estar en un centro hospitalario».

El ministro de Consumo ha aprovechado la oportunidad para «felicitar» al Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, por la retirada de anuncios de pisos turísticos ilegales en la plataforma de alquileres Airbnb. «Es una tarea loable y me da igual el signo político», ha afirmado Bustinduy, quien ha asegurado que en los últimos meses ha sostenido reuniones y compartido información sobre anuncios ilegales «con todas las Administraciones sin importar el signo político» para que estas tomaran medidas.

«Hemos ofrecido las herramientas del Ministerio para una lucha común que es acabar con los pisos turísticos ilegales que están expulsando a las familias de sus casas y perjudicando gravemente el derecho constitucional de la vivienda», ha remarcado el ministro, quien ha señalado a otros dirigentes como «el señor Almedia, a quien mandamos la información de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid con la dirección postal, calle, número y piso de miles de ellos, no ha hecho absolutamente nada». «Hemos cooperado como debería de ser lo normal entre administraciones y los resultados están siendo positivos. Ojalá y aprendieran del Consell de Ibiza otros dirigentes del Partido Popular como el señor Almedia o el señor Mazón», ha valorado Bustinduy.

El ministro también ha defendido la propuesta de Ley de Atención al Cliente frente a la polémica por plantear que las empresas tengan que ofrecer servicios en los idiomas cooficiales si son requeridos. «Creo que es normal y de sentido común que se ofrezca un servicio a la clientela en las lenguas oficiales del Estado allí donde las hablan», ha sostenido Bustinduy, quien ha tachado de que la polémica «se ha exagerado» por parte de «una patronal airada» frente a «un intento de profundizar en los derechos de los trabajadores».

«Estamos hablando que prácticamente un cuarto de la población de España habla en su día a día estos idiomas, con lo cual con total normalidad y naturalidad es de sentido común que las grandes empresas que atienden en el conjunto del país y en las comunidades autónomas donde se hablan estas lenguas puedan atender reclamaciones con total normalidad», ha justificado el ministro.

Bustinduy ha recordado que la ley incluirá otros puntos importantes como la obligación de atender reclamaciones en menos de tres minutos o la prohibición de las llamadas de spam. «La patronal lo llama una política que interfiere en las decisiones de empresas, yo lo llamo garantizar los derechos de los consumidores y el derecho a que no nos estafen y no nos molesten», ha sentenciado el ministro.

Por último, Bustinduy ha asegurado que tomarán medidas respecto al fallo en las pulseras antimaltrato para garantizar su funcionamiento y asegurar que el error «no vuelva a suceder nunca más». «He escuchado que en ningún caso ha habido mujeres cuya vida haya corrido peligro por este problema, pero evidentemente es un problema que se va a solucionar y corregir. Es un sistema que funciona y es necesario», ha mantenido el ministro de Consumo.