Diputación Albacete moviliza un millón de euros para garantizar el derecho a la vivienda en 39 pequeños municipios

ALBACETE 6 Jul. –

La Diputación de Albacete ha resuelto la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria de Vivienda Municipal 2026, una herramienta estratégica impulsada por el Gobierno Provincial de Cabañero para dinamizar el medio rural y facilitar alternativas habitacionales. Con un presupuesto total de 1.000.000 de euros adjudicados, esta iniciativa beneficiará directamente a 39 localidades de la provincia de menos de 2.000 habitantes.

La resolución detalla el profundo impacto que tendrán estos fondos en el territorio, con subvenciones que, en una inmensa mayoría de los consistorios, alcanzan los 28.500 euros, ha informado la Diputación en un comunicado.

Destaca una clara apuesta por la optimización del patrimonio municipal en desuso. Gracias a estos fondos, se financiará la rehabilitación de antiguas casas de maestros en municipios como Letur, A*na y Paterna del Madera.

Del mismo modo, se acondicionarán las viejas casas del médico en Peñascosa y Povedilla, y se recuperará la antigua vivienda del agente forestal en Riópar.

La convocatoria también financia medidas expansivas, como la adquisición de solares para construir nuevas viviendas en San Pedro, Abengibre o Lezuza, e incluso actuaciones drásticas como el derribo de inmuebles en estado ruinoso para disponer de suelo destinado a vivienda social, como acometerá el Ayuntamiento de Villapalacios.

La inversión permite atacar una problemática doble en el territorio: por un lado, frena el deterioro de las viviendas vacías o abandonadas en los cascos históricos de los pueblos y, por otro, evita a los ayuntamientos los altos costes y problemas urbanísticos que supone seguir expandiendo sus calles o creando nuevas urbanizaciones mientras el centro de los municipios pierde habitantes.

Para garantizar el éxito de las obras y apoyar financieramente a las entidades locales, la Diputación ha dispuesto el pago anticipado del 100% del importe concedido a todos los ayuntamientos beneficiarios, dotándoles de liquidez inmediata.

A cambio de ello, las administraciones locales tendrán un plazo máximo de cinco años para acreditar que estas viviendas o solares se han puesto a disposición de la ciudadanía siguiendo criterios socioeconómicos, asegurando que los fondos públicos se traduzcan en una alternativa habitacional real para quienes más lo necesitan.