La IGAD exige la liberación de los aliados al vicepresidente primero de Sudán del Sur

MADRID, 13

La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) ha exigido este miércoles la liberación de los aliados del antiguo líder rebelde y ahora vicepresidente primero de Sudán del Sur, Riek Machar, advirtiendo de que su detención corre el riesgo de descarrilar el acuerdo de paz del país africano, en medio de la escalada de tensiones.

El bloque regional ha instado al Gobierno de Salva Kiir a liberar a los detenidos a menos que haya «pruebas creíbles» que justifiquen procedimientos legales llevados a cabo «de manera transparente y de conformidad con el debido proceso», según reza un comunicado emitido después de una cumbre virtual de emergencia liderada por el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelléh.

Así, ha pedido a las partes que «reduzcan inmediatamente las tensiones, se adhieran y respeten el alto el fuego permanente, y prioricen y agilicen la aplicación de los acuerdos transitorios de seguridad, proporcionando los recursos necesarios de manera oportuna», en referencia al acuerdo alcanzado en 2018 por el Kiir y Machar.

La IGAD ha condenado la violencia y ha ordenado a su órgano de vigilancia del alto el fuego que investigue los enfrentamientos registrados en las últimas semanas en el condado de Nasir, y el ataque contra un helicóptero de Naciones Unidas. También ha propuesto desplegar un equipo ministerial en la capital sursudanesa, Yuba, para evaluar las conversaciones de paz estancadas e impulsar un diálogo inclusivo.

El organismo, que ha elogiado los llamamientos a la calma tras la violencia, ha expresado su «profunda preocupación» por las violaciones del alto el fuego, ha solicitado una unificación acelerada de las Fuerzas Armadas y la redacción de una Constitución. Asimismo, ha remarcado que la estabilidad del país depende de la implementación de reformas atrasadas. «El diálogo y la discusión siguen siendo los únicos medios para resolver las diferencias», ha agregado.

Kiir promulgó en septiembre del año pasado una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional. Pese al descenso de la violencia por el conflicto político durante los últimos años, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios y sigue sin materializar algunas de las promesas de transición, incluida la de dar por primera vez a la población el derecho a acudir a las urnas para elegir a sus líderes.