Una jueza de EEUU prohíbe al fisco ceder datos tributarios al ICE e impide a éste usarlos para buscar migrantes

MADRID 6 Feb. –

Una jueza federal ha ordenado este jueves al fisco estadounidense, que deje de compartir direcciones de domicilios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alegando que esta conducta concurre en una violación potencial del derecho a la privacidad de los contribuyentes, y ha impedido al ICE emplear aquellos de los que ya dispone.

«El tribunal considera que se justifica la prohibición preliminar del uso por parte del ICE de las direcciones de los contribuyentes proporcionadas por el (Servicio de Impuestos Internos) IRS», reza el fallo de la jueza de distrito de Massachusetts Indira Talwani. Al hilo, la magistrada ha ordenado que «se suspendan y se anulen preliminarmente» los acuerdos de intercambio de información entre las dos agencias.

En el mismo sentido, ha prohibido al Departamento de Seguridad Nacional y a su responsable, la secretaria Kristi Noem; al ICE y a su director interino, Todd Lyons, así como a los correspondientes agentes, «inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, basarse en o actuar de cualquier otra manera sobre la base de cualquier información» obtenida de o facilitada por el IRS. En consecuencia, el ICE «deberá proporcionar una copia de la orden a la persona cuyo ordenador de propiedad gubernamental contenga» dicha información en un plazo máximo de cinco días naturales.

Talwani es la segunda jueza federal en bloquear temporalmente el acuerdo de intercambio de información entre el fisco y el ICE. En noviembre, la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly declaró que el acuerdo violaba una ley de confidencialidad del contribuyente, en una demanda presentada por la organización civil Centro para los Derechos del Contribuyente.

Kollar-Kotelly también impidió entonces que el secretario del Tesoro, Scott Bessent –comisionado interino del IRS– facilitara información de los contribuyentes al Departamento de Seguridad Nacional, a menos que quien recibiera los datos estuviese trabajando en una investigación penal de carácter no tributario. Ambas órdenes aluden a un acuerdo entre las agencias que permitió que el 7 de agosto de 2025 el fisco estadounidense facilitase la información de cerca de 47.000 personas.