
El Gobierno de Asturias valora con «cautela» la decisión del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles de Trump
Publicado 23 Feb 2026 18:16
MADRID 23 Feb. –
La jueza Aileen Cannon, que lideraba el caso ya cerrado contra el presidente Donald Trump por negligencia en el uso de documentos clasificados, ha bloqueado este lunes de forma permanente la publicación del informe final elaborado por el fiscal especial Jack Smith.
La jueza, nombrada por Trump, ha argumentado en su fallo que la publicación del informe «causaría un daño irreparable a los exacusados; contravendría las nociones básicas de equidad y justicia» y supondría un riesgo de revelación de información «protegida por el privilegio abogado-cliente».
Cannon ha tildado de «estratagema descarada» las acciones de Smith por su insistencia en terminar el informe pese a un fallo anterior emitido en julio de 2024 en el que determinaba que su nombramiento como asesor especial era inconstitucional, lo que a juicio de la jueza representa un incumplimiento de la citada orden.
«Si bien es cierto que los abogados especiales han publicado informes finales al final de su trabajo, parece que lo hicieron después de optar por no presentar cargos o tras sentencias por declaración de culpabilidad o en un juicio», reza el escrito.
En este sentido, ha asegurado que el tribunal «se ha esforzado por encontrar una situación en la que un exfiscal especial haya publicado un informe tras iniciar cargos penales que no llevaron a una declaración de culpabilidad».
Cannon desestimó el caso contra el magnate y otros dos coacusados tras declarar como inconstitucional el nombramiento de Smith. La defensa de Trump había argumentado que la cláusula que regula los nombramientos en la Constitución no permitía al entonces fiscal general Merrick Garland, bajo el mandato del presidente Joe Biden, nombrar a «un aliado político» sin la confirmación del Senado.
El fallo de la jueza se fundamentó en disposiciones constitucionales –aludiendo a que el cargo de fiscal especial «se apodera» de la «autoridad legislativa» que tiene el Congreso, lo que «amenaza la libertad inherente a la separación de poderes»– y no entró a dirimir la responsabilidad penal de Trump con respecto a los documentos clasificados.
El magnate republicano se declaró no culpable –cuando era todavía expresidente– de más de una treintena de cargos después de que fueran hallados numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.
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