Una jueza bloquea operaciones migratorias de la Administración Trump en nueve estados por intimidación electoral

MADRID 23 Oct. –

La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, ha emitido una orden de requerimiento preliminar que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llevar a cabo operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las próximas elecciones de medio mandato en nueve estados del país. La resolución judicial paraliza estas actividades en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

El fallo prohíbe específicamente estas operaciones y entrevistas de campo cuando involucren a personas que las autoridades «saben, sospechan o deberían razonablemente saber o sospechar que son ciudadanos estadounidenses». La restricción también afecta a las operaciones basadas exclusivamente en los registros del sistema TECS (Sistema de Comunicaciones de Cumplimiento del Tesoro, por sus siglas en inglés) generados por la «Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes» contra presuntos ciudadanos. Esta medida cautelar estará en vigor hasta las 20.00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con el cierre de las urnas del día de las elecciones.

La decisión judicial supone un freno a la «Iniciativa de Votantes Ilegales» implementada en agosto de 2026 como parte de la priorización de la Administración Trump contra el fraude electoral. Bajo esta estrategia, el DHS ordenó a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) realizar interrogatorios sobre la elegibilidad de los votantes en los nueve estados mencionados.

DATOS DEFECTUOSOS Y TEMOR RAZONABLE

La demanda fue impulsada, entre otros, por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United (CNA/NNU), la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. La jueza ha determinado que el sindicato de enfermeras tiene altas probabilidades de éxito en su reclamación de que las acciones del Gobierno violan la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, la cual prohíbe la intimidación para evitar la asistencia y movilización de votantes.

Según expone la resolución, el Gobierno elaboró listas de objetivos a partir de casi 100 millones de registros provenientes de diversas fuentes. La jueza ha señalado que existe una «alta probabilidad de error» al depurar estas listas debido a la falta de una base de datos federal sobre ciudadanía, lo que ha provocado que se incluyan inadvertidamente ciudadanos estadounidenses como objetivos de investigación.

El tribunal concluye que el uso de estos datos inexactos, sumado al despliegue de agentes armados en los domicilios y la difusión de arrestos en redes sociales por parte del DHS, genera un temor «objetivamente razonable» de persecución legal y policial. Esta situación de intimidación, mantiene, ha provocado que ciudadanos estadounidenses que participan en las campañas de las organizaciones demandantes dejen de realizar labores de movilización, educación y asistencia a los votantes por miedo a ser investigados o detenidos erróneamente.

La jueza Martínez-Olguín ha argumentado que el interés del público en unas elecciones seguras y libres de intimidación supera con creces el interés de las autoridades federales en investigar el fraude mediante estos métodos concretos. La paralización de estas operaciones entrará en vigor a las 17.00 horas (hora local) de este viernes, 23 de octubre.