Una alianza de más de 80 organizaciones pide el fin de actividades económicas y comerciales en asentamientos

Denuncia que estos lazos «sostienen» los asentamientos y «destruyen» la economía palestina, en violación del Derecho Internacional

Una alianza de más de 80 organizaciones de la sociedad civil ha reclamado este lunes el fin de las actividades comerciales y económicas por parte de empresas internacionales en los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha afirmado que estas acciones contribuyen de forma directa a la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados, en medio de la expansión de los proyectos de construcción de colonias en estos territorios.

El informe ‘Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales: cómo los Estados y empresas extranjeras habilitan la empresa ilegal de asentamientos de Israel’, destaca que «el proyecto de asentamientos ilegales de Israel ha fragmentado Cisjordania y destruido la economía palestina, causando una pobreza y un sufrimiento generalizados».

«A pesar del devastador impacto humanitario y la ilegalidad de los asentamientos israelíes bajo el Derecho Internacional, los Estados extranjeros siguen apoyando los asentamientos», afirma, antes de recordar que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembro «representan el principal bloque comercial de Israel», mientras que «las políticas de estos Estados siguen apoyando financieramente y normalizando la economía de los asentamientos».

Así, subraya que estos países, actuando «en violación del Derecho Internacional», «sostienen los asentamientos israelíes al importar bienes producidos en ellos y permitiendo que las corporaciones bajo su jurisdicción operan en ellos y comercien con los asentamientos ilegales», lo que supone «una contribución directa a la negativa del derecho de los palestinos a la autodeterminación», así como diversos abusos contra la población en Cisjordania.

«La ilegal ocupación militar israelí y el aumento de la economía de los asentamientos han devastado las comunidades palestinas. Los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados hacen frente a una discriminación sistemática y a violaciones de los Derechos Humanos por parte de las autoridades israelíes, con impactos especialmente agudos sobre poblaciones vulnerables, incluidos niños, mujeres y ancianos», manifiesta.

De esta forma, reseña que «la violencia de los colonos contra comunidades palestinas es generalizada, incluyendo ataques físicos, acoso, destrucción de tierras de cultivo y ataques contra olivares y otros cultivos que sustentan a miles de familias», antes de indicar que «estos ataques tienen lugar a menudo con impunidad», en medio del repunte de la violencia tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

«El sistema legal israelí aplica un marco legal separado y desigual para los palestinos y los colonos que viven en el mismo territorio ocupado», esgrime el documento, que señala que «la tasa de pobreza en Cisjordania ha aumentado de forma significativa, con condiciones particularmente graves en áreas cercanas a los asentamientos y en el Área C, bajo control total israelí».

«En contraste, los asentamientos y las industrias en los asentamientos reciben subsidios lucrativos, beneficios impositivos y tratamiento preferencial del Gobierno israelí», destaca, algo que se ve potenciado por los lazos comerciales con países y empresas extranjeras, algo que «ha apoyado y ayudado a facilitar la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados».

Entre las compañías señaladas en el informe figuran la alemana TUI, un conglomerado de empresas turísticas que ofrece visitas a los asentamientos, incluida una excursión para visitar en un «autobús blindado» a colonos de la ciudad cisjordana de Hebrón y a residentes palestinos de esta misma localidad.

«La prestación de servicios relacionados con el viaje, el turismo y el alojamiento en asentamientos israelíes ha contribuido o sigue contribuyendo a violaciones de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y a la normalización y arraigo de la ocupación», denuncia.

El documento apunta además a JC Bamford Excavators (JCB), una empresa de construcción con sede en Reino Unido que Israel usa para demolición de viviendas y destrucción de cultivos palestinos, así como para la construcción de asentamientos. El equipamiento de JCB es comprado por la israelí Comasco, que luego lo vende a usuarios en Israel.

La alemana Siemens es otra de las señaladas por su suministro de equipos y servicios para infraestructura de transporte vinculada a los asentamientos, mientras que la francesa Carrefour tiene un acuerdo con Yenot Bitan para fabricar sus productos y venderlos en Israel con esa marca, incluidas nueve tiendas en los Territorios Palestinos Ocupados –dos de las cuales trabajan bajo la marca Carrefour–.

Por su parte, el banco británico Barclays ha entregado más de 18.000 millones de dólares (alrededor de 15.368 millones de euros) en préstamos y servicios a empresas vinculados a los asentamientos entre enero de 2021 y agosto de 2024, lo que la sitúa solo por detrás de BNP Paribas y HSBC.

Además, la empresa danesa Maersk ha transportado mercancías para cuatro empresas que figuran en la base de datos de Naciones Unidas de empresas partícipes en las actividades económicas de los asentamientos, mientras que la española eDreams Odigeo, una de las mayores compañías de viajes del mundo, ofrece hoteles y alojamientos junto a su filial, Opodo, en asentamientos en Cisjordania.

Sin embargo, tanto eDreams como Maresk han anunciado cambios en sus políticas respecto a su actividad comercial con los asentamientos tras recibir el informe antes de su publicación y, de hecho, Opodo ha retirado sus ofertas de alojamiento en los asentamientos. eDreams sostuvo el 2 de septiembre que su política es la de no ofrecer estos servicios, pero que algunos alojamientos aparecían en la web debido a que eran subidos por sus propietarios.

Por ello, estas organizaciones han lanzado este mismo lunes una nueva campaña para exigir a los países que prohíban el comercio con asentamientos israelíes ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados, destacando que la necesidad de poner fin al mismo «está firmemente arraigada en el Derecho Internacional», incluido un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2024 diciendo que los Estados no deben reconocer, ayudar o apoyar en la situación derivada de la ocupación israelí.

«Poner fin al comercio con los asentamientos no debe ser visto solo como una necesidad legal y moral en sí misma, sino como un paso clave a la hora de abordar unas violaciones estructurales más amplias», resalta el informe en sus conclusiones, donde pide a los países que «adopten y apliquen legislación que prohíba explícitamente el comercio con los asentamientos, incluida la provisión de servicios e inversiones».

Además, reclama a la UE que suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel y que el mismo sea además revisado para «prohibir explícitamente la importación de bienes» desde los asentamientos, algo que solicita también para los acuerdos bilaterales entre Israel y otros países, que deben prohibir también a las instituciones financieras, bancos y otras corporaciones que realicen inversiones en compañías que operen en asentamientos.

En esta línea, pide «pasos para identificar y evitar todo tipo de apoyo (…) que ayude o asista el mantenimiento de la ocupación ilegal israelí del territorio palestino» y «pasar la carga de la prueba a la hora de determinar los orígenes de los bienes israelíes de las agencias de aduanas a los exportadores israelíes».

El informe traslada además a las empresas que deben aumentar sus labores de supervisión en los negocios en zonas en conflicto, «cubriendo la totalidad de la cadena de valor y no estar limitada a las relaciones empresariales». Además, les solicita que mantengan contactos «significativos» con las poblaciones afectadas.