Un tribunal portugués autoriza la presencia de tiendas de campaña de la acampada por la vivienda de Lisboa

La extrema derecha advierte de una «desautorización» de la Policía y los socialistas ven una «estruendosa derrota» del Gobierno conservador

El Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa ha fallado este lunes a favor de la manifestante Renata Cambra, quien interpuso una demanda para que se puedan mantener las tiendas de campaña durante la noche como símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda hasta el 24 de noviembre, fecha en la que se votan los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Las acampadas por la vivienda de Lisboa y Oporto han sido desmanteladas en tres ocasiones con violencia por la Policía en los tres últimos domingos de madrugada.

La jueza Ana de Campos se ampara en un decreto rechaza así el uso de un decreto de 1974 por parte de la Policía para justificar los desalojos por el «límite horario absoluto y automático al ejercicio del derecho fundamental de manifestación». Reconoce en cambio «el derecho a ejercer la manifestación» hasta el 24 de noviembre y emplaza a la Policía a abstenerse de aplicar «medidas de dispersión, cese o suprimir el derecho de manifestación» siempre y cuando este sea ejercido conforme a lo establecido en el decreto.

La jueza concluye así que incumple la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos obligar a cesar a la manifestación a las 0.30 horas sin ponderar los riesgos que esta decisión implica para los derechos fundamentales.

El dictamen judicial obliga ahora a la Policía a elaborar un «auto con los fundamentos en el caso de que considere que se cumplen las condiciones para dispersión, cese o supresión» de la acampada.

La sentencia se refiere también al conflicto por la intención de instalar un mercado navideño en la plaza de Pedro IV o plaza de Rossio de Lisboa, ahora ocupada por las tiendas de campaña e insta a las autoridades a «adoptar soluciones que acomoden y compatibilicen ambas utilizaciones», aunque si no fuera posible, da preferencia a la protesta porque «afecta al contenido esencial del derecho de manifestación».

EL GOBIERNO SEÑALA UNA «SITUACIÓN INDIVIDUAL»

El Ministerio de la Administración Interna (Interior) ha respondido ya en un comunicado oficial que «resulta claro que esta se circunscribe a una situación individual y concreta, delimitada por la solicitud de la demandante».

El Ministerio que dirige Luís Neves señala que el tribunal «no examina la legalidad de las intervenciones policiales ni reconoce el derecho general a la instalación de acampadas permanentes en el espacio público». Incluso «salvaguarda igualmente la posibilidad de una intervención de las autoridades ante situaciones de peligro objetivo o incumplimiento de las condiciones establecidas».

En cambio, desde la oposición, el Partido Socialista ha destacado que la decisión judicial supone una «estruendosa derrota» del primer ministro Luís Montenegro y ha pedido «consecuencias políticas» en el Ministerio de Administración Interna, en palabras del portavoz parlamentario, Eurico Brilhante Dias

«Durante las últimas semanas, el Gobierno sin base jurídica segura ha dado orientaciones políticas a la PSP (Policía) para efectuar cinco cargas policiales violentas sobre manifestantes que se manifestaban de forma pacífica», ha argumentado. Critica así la «instrumentalización política» de la Policía.

En cambio, desde el principal partido de la oposición, el ultraderechista Chega, han advertido de que «desautoriza» a las fuerzas de seguridad, aunque han subrayado que «las decisiones de los tribunales son para cumplirlas».

«Esta decisión desautoriza a las fuerzas del orden y retira legitimidad a los que tienen que contener la violencia y la anarquía en las protestas (…). Esta decisión fomenta aún más la anarquía y la confusión reinante», ha argumentado la dirección nacional de Chega en un comunicado.

Por eso pide una ley tramitada «con urgencia» en la Asamblea de la República con «una legislación clara para todos», que «no deje margen a la duda y que asegure todos los derechos y deberes fundamentales».

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha expresado su respeto a la decisión judicial y ha pedido «calma y serenidad» para lograr «soluciones». Así, ha expresado su disponibilidad «al 100% para escuchar» a los manifestantes.