Un juez federal bloquea el intento de Trump de retirar fondos a ‘ciudades santuario’ como Los Ángeles

MADRID 23 Ago. –

Un juez federal de Estados Unidos ha prohibido –mediante la ampliación de una orden judicial que emitió para proteger a 16 ciudades y condados– la retención por parte del Ejecutivo de fondos federales a las conocidas como «ciudades santuario», entre ellas Baltimore, Boston, Chicago y Los Ángeles, por no secundar sus estrictas políticas migratorias.

Detrás del actual dictamen –un documento de 15 páginas– se encuentra el juez de distrito William Orrick (San Francisco), que ha ampliado el alcance de la orden inicial que emitió en abril de este año a fin de incluir a otros gobiernos locales –más de 30 jurisdicciones– que se han sumado recientemente a la demanda, solicitando protección legal a este respecto.

La demanda en cuestión surgió después de que el presidente Donald Trump firmase entre enero y febrero, en los primeros compases de su mandato, dos órdenes ejecutivas que –según los demandantes– amenazaban de manera inconstitucional con interrumpir la financiación federal si las autoridades locales no colaboraban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El principal objetivo de estas órdenes eran las conocidas como jurisdicciones o ciudades ‘santuario’, que limitan con sus políticas la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y los agentes federales encargados de arrestar a inmigrantes.

En esta línea, Orrick ha señalado que el propósito real de las medidas de Trump no es otro que condicionar la entrega de fondos federales a un cambio en las políticas locales para que estas le sean más favorables, algo que el magistrado ha tildado de «amenaza coercitiva» y acción inconstitucional.

La nueva orden incluye a Los Ángeles, donde el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en junio, tras las protestas contra redadas migratorias, ha generado otra demanda por parte del gobernador de California, Gavin Newsom.

La primera resolución de la Justicia federal contra las órdenes ejecutivas de Trump en esta materia se materializó poco después de que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, advirtiera a mediados de marzo de que perseguirán las conocidas como ‘ciudades santuario’ –aquellas que restringen su cooperación con Washington para hacer cumplir la ley de inmigración–, insistiendo en relacionar inmigración con delincuencia.

«Una ciudad santuario significa que esconden delincuentes. Esconde inmigrantes indocumentados», acusaba entonces la fiscal, prometiendo también mano firme con las principales promesas de seguridad lanzadas por Donald Trump durante su campaña.

Más tarde, a finales de junio de este mismo año, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa, Karen Bass, y los miembros del Gobierno municipal para pedir la anulación de las leyes «santuario» que protegen a los inmigrantes y que suponen una «discriminación» para las fuerzas de seguridad y agencias federales.

No obstante, estos intentos han sido desde el primer momento «obstaculizados por las Ciudades Santuario, como la de Los Ángeles, que se niegan a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se le requiere», lamentaba la Administración federal en su denuncia.