Sudán del Sur se asoma al abismo de una nueva guerra civil tras la imputación del principal opositor

El partido de Machar pide una movilización para un «cambio de régimen» en medio de los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2018

Sudán del Sur se ha asomado durante los últimos días a un nuevo estallido de un conflicto civil que dé al traste con los frágiles avances obtenidos a raíz del acuerdo de paz de 2018, después de que las autoridades presentaran cargos por crímenes contra la humanidad contra el antiguo líder rebelde y hasta ahora vicepresidente primero, Riek Machar, llevando a su partido, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), a dar por roto el Gobierno de unidad y llamar a sus seguidores a movilizarse para un «cambio de régimen».

El país, independizado en julio de 2011 a raíz de un referéndum para la secesión de Sudán –una votación que se saldó con un 98,8 por ciento de apoyos a favor de la creación del nuevo Estado–, ha sufrido durante los últimos meses un drástico aumento de las tensiones por unos enfrentamientos en el noreste del país, que se sumaron a los constantes aplazamientos en la aplicación del acuerdo de paz y las disputas internas en el Ejecutivo de unidad, encabezado por Salva Kiir.

El acuerdo de paz, que buscaba estabilizar el país y poner fin a años de un conflicto desatado poco después de la independencia, hizo frente a problemas desde el inicio, en medio de críticas contra Kiir y Machar por no impulsar con firmeza la aplicación de todas las cláusulas y por los continuados escándalos de corrupción en medio de una grave crisis humanitaria.

El pacto se vio seguido por dos años de conversaciones para poder instalar un Gobierno de unidad, proceso marcado por las suspicacias entre los dos rivales históricos, mientras que los pasos necesarios para la unificación del Ejército, la redacción de la Constitución y la convocatoria de elecciones sufrieron reiterados aplazamientos a pesar de las críticas por parte de la comunidad internacional.

Así, se han sucedido las críticas contra Kiir por sus aparentes esfuerzos para consolidar a su partido en el poder, cambiando a diferentes cargos en el Gobierno y en las administraciones locales para apartar al SPLM-IO, que ha alertado en numerosas ocasiones del riesgo de colapso del acuerdo de paz, si bien nunca ha llegado a dar el paso de abandonar el Ejecutivo.

Las turbulencias se han visto además aceleradas por las maniobras del presidente, de 73 años, por intentar dejar cerrada su posible sucesión, un hecho que ha provocado importantes tiranteces con la oposición, pero también dentro de su partido, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), y la cúpula del Ejército y las fuerzas de seguridad, que mantienen un gran peso en el país.

Las tensiones en el seno del Ejecutivo tienen además implicaciones a nivel sectario, dado que los dos principales partidos están estrechamente vinculados con los dos principales grupos étnicos de Sudán del Sur –Kiir con los dinka y Machar con los nuer–, por lo que los enfrentamientos esporádicos de los últimos años han hecho temer con un estallido de violencia intercomunitaria a gran escala.

Ante la fragilidad del proceso de transición, la decisión de Kiir de promulgar en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución para extender otros dos años el periodo de transición y el subsiguiente aplazamiento de las elecciones supuso un nuevo varapalo a las esperanzas de una estabilización a través de las urnas, dado que la población del país no ha sido llamada a votar para elegir a sus líderes desde la independencia en 2011.

La misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ya alertó entonces de que «solo puede lograrse o sostenerse la paz cuando hay voluntad política», mientras que la troika –Estados Unidos, Reino Unido y Noruega– mostró su «profunda preocupación» por la decisión y lamentó el «fracaso persistente y colectivo de los líderes de Sudán del Sur a la hora de crear las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones creíbles y pacíficas».

En este contexto, en febrero estallaron unos combates en el estado de Alto Nilo entre el Ejército y la milicia White Army –Ejército Blanco–, a la que las autoridades vincularon con el SPLM-IO. Los enfrentamientos, que dejaron decenas de muertos y tuvieron su epicentro en Nasir, cerca de la frontera con Etiopía, tensaron la situación en el seno del Gobierno.

La milicia lanzó una ofensiva en la que logró ocupar temporalmente la ciudad, que permaneció cerca de un mes en sus manos, lo que provocó que las fuerzas de seguridad pusieran a Machar bajo arresto domiciliario por las sospechas de conspiración, extremo rechazado firmemente por sus seguidores, que alertaron del riesgo de colapso del acuerdo de paz si no era liberado.

Los enfrentamientos estuvieron influidos por la desestabilización derivada de la guerra en Sudán –desatada en abril de 2023 y que enfrenta al Ejército con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)–, dado que ha provocado un aumento del flujo de armas y del reclutamiento por parte de todas las partes en conflicto, una presión a la que se suma el ahondamiento de la crisis humanitaria por la llegada de decenas de miles de refugiados y retornados.

Asimismo, estos combates se propagaron a otras partes del país, incluidos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea contra posiciones del SPLM-IO en los alrededores de Yuba y combates intercomunitarios en Ecuatoria Occidental, lo que llevó a Kiir a pedir la intervención de tropas ugandesas para intentar estabilizar la situación, hecho criticado por el partido de Machar, sumido además en una lucha de poder interna a raíz del arresto del ex líder rebelde.

A pesar de que durante los últimos meses las tensiones militares han descendido, la decisión de las autoridades de imputar a Machar y varios de sus aliados –entre ellos el ministro de Petróleo, Puot Kang Chuol– por traición y crímenes contra la humanidad llevó al SPLM-IO a lanzar esta semana un llamamiento a «usar todos los medios disponibles» para lograr un «cambio de régimen», dando además por finiquitado el Gobierno de unidad.

«El actual régimen en Sudán del Sur no está fundamentado en el acuerdo de paz, sino que es una cobertura para una dictadura», dijo en un comunicado firmado por el presidente en funciones del SPLM-IO, Oyet Nathaniel Pierino, lo que ha hecho temer que el grupo pueda optar por alzarse en armas contra las autoridades, que por ahora han mirado para otro lado, especialmente después de que los principales integrantes del grupo opositor hayan permanecido hasta ahora en sus puestos.

Todos estos hechos, así como la posible condena contra Machar, han provocado un aumento de los temores sobre un posible deterioro de la situación e incluso una nueva guerra a gran escala, mientras que Human Rights Watch (HRW) ha instado a las autoridades a garantizar un juicio justo a Machar y otros altos cargos del SPLM-IO, reclamando su liberación si no se puede garantizar el debido proceso.

«Durante seis meses, las autoridades de Sudán del Sur han confinado sin fundamento legal al principal líder de la oposición y lo han mantenido en régimen de incomunicación junto a otras figuras opositoras», ha dicho Nyagoah Tut Pur, investigadora de HRW para Sudán del Sur. «Presentar cargos graves tras detener arbitrariamente y silenciar las voces de la oposición no genera confianza en que los detenidos recibirán audiencias públicas imparciales que respeten plenamente su derecho a un juicio justo», ha sostenido.

«El desmoronamiento del acuerdo de paz en Sudán del Sur ha venido acompañado de graves abusos de derechos y la erosión del Estado de derecho», ha alertado, al tiempo que ha manifestado que «los vecinos de Sudán del Sur y otros gobiernos interesados deben garantizar que los tribunales no se utilicen como arma contra sus rivales y utilizar su influencia para presionar por avances tangibles que protejan los derechos».