Perú abre una nueva etapa electoral en plena crisis política y con centenares de candidatos cuestionados

Hasta 51 aspirantes al nuevo Congreso bicameral cuentan con sentencia firme por violencia familiar

Los peruanos encaran un nuevo proceso electoral con las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 12 de abril marcadas por un década de inestabilidad política, con ocho presidentes incluyendo el actual, y con una ristra de candidatos de todo tipo, con historiales de denuncias, condenas e irregularidades, que apuntalan una crisis institucional convertida ya en modelo de gobernanza.

Estas elecciones apuntan a ser históricas, no solo por un aumento de hasta el 8% del censo electoral con respecto a 2021 –más de 27,2 millones de votantes–, sino también porque podrán elegir entre una cifra récord de candidatos presidenciales, hasta 35, lo que vaticina una fragmentación del voto sin precedentes.

Los principales favoritos apenas superan en el mejor de los casos el 14%, lo que hace más que probable la segunda vuelta del 7 de junio. Los candidatos conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori llevan semanas oscilando entre esas cifras en unas encuestas, dominadas por los indecisos, que superan el 30%.

López Aliaga, exalcalde de Lima, y Keiko Fujimori, la eterna aspirante hija del expresidente condenado por crímenes contra los Derechos Humanos Alberto Fujimori, comparten caladero de votos en la capital, aunque es fuera –donde vive el 70% de sus 34 millones de habitantes– donde se decidirá la contienda.

Bien lo sabe la propia Fujimori, quien en las pasadas elecciones perdió por tercera vez unas elecciones después de que Pedro Castillo –ahora encarcelado por intentar un autogolpe de Estado en 2022– se hiciera con la totalidad del voto del sur del país, así como el de las zonas mineras o más aisladas.

Los proyectos políticos que desafían al sistema, como el de Castillo –que prometió reformar la Constitución y redistribuir la riqueza ante la obstinada resistencia del Congreso– han atraído el apoyo del electorado de aquellas regiones históricamente con menor presencia del Estado.

Además de la treintena de candidatos a la Casa de Pizarro, 10.000 más postulan a un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se necesita al menos un 5% de los votos para entrar. A los 130 aspirantes a la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman ahora los 60 del Senado.

Entre la lista de aspirantes presidenciales hay al menos 16 que han omitido información de sus vínculos empresariales, sentencias, cargos que ostentaron, y otros datos relevantes en su declaración jurada de hoja de vida, según ha alertado el Jurado Electoral Especial (JEE), lo que genera aún más dudas acerca de las aptitudes de una clase política peruana en entredicho.

Cabe recordar que actualmente son cuatro los expresidentes que están en prisión –Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala–, aunque hay otros que ya pasaron un tiempo entre rejas como el mencionado Alberto Fujimori, mientras Pedro Pablo Kuczynski fue condenado a tres años de arresto domiciliario y otros como Alan García optó por descerrajare un tiro cuando iba a ser detenido por corrupción.

El JEE ha apuntado irregularidades en la declaración jurada de Keiko Fujimori –que ya estuvo un tiempo en prisión preventiva por supuesta financiación irregular de sus campañas–, por no incluir su participación en una empresa y su titularidad en otra, si bien finalmente todo fue archivado tras una revisión.

Asimismo, la nota de López Aliaga ha estado en el foco por no declararse socio fundador de una inmobiliaria; en las de Carlos Álvarez, Alfonso López Chau, o Mario Vizcarra, nombres propios también de estas elecciones, así como de otros candidatos mucho más marginales. En la mayoría de casos, los señalados han alegado errores involuntarias en la transcripción, o bien que el JEE cuenta con información desactualizada.

Sin embargo, los casos más llamativos se encuentran en la sucesión de candidatos al Legislativo, entre los que hay cerca de 500 con sentencias en firme por diversos delitos, de los cuales 51 están relacionados con episodios de violencia familiar, ya sea por lesiones o por no pagar la pensión alimenticia.

El derechista Alianza para el Progreso (APP) del candidato presidencial César Acuña es el partido que mayor número de condenados presenta, con 53; seguido de Podemos Perú, con 33; uno más que la Fuerza Popular de Fujimori; Primero Perú, con 26; o Perú Libre, con 22, cuyo candidato, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la Justicia, lo que no ha impedido que se presente a estas elecciones.

Hay candidatos con sentencias por robo, denuncias por conducir en estado de embriaguez, agresión, lesiones, o por proferir amenazas de muerte, como el caso del aspirante a diputado por el partido Buen Gobierno Rolando Cueva García.

Un antiguo alumno de su misma universidad le denunció por amenazas de muerte. Según la versión a la Policía, García le exigió que dejara de investigar los contratos de su empresa con el centro educativo. También se le ha visto en vídeos empuñando un arma, o bebiendo mientras conducía, por lo que fue detenido.

Nunca antes los peruanos habían podido elegir entre tantos aspirantes, está por ver si serán capaces de poner freno a la galopante crisis institucional y de credibilidad política, con un electorado preocupado por la inseguridad, la corrupción y el desempleo.