Ocho países critican a Israel por su plan para registrar terrenos como propiedad del Estado en Cisjordania

Destacan que se trata de «una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales»

Un total de ocho países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudí, Egipto y Qatar, han condenado este martes la aprobación por parte de Israel de la designación de zonas de Cisjordania como «propiedad del Estado», que describen como «una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales».

Los países firmantes –entre los que figuran también Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía– han destacado que «este paso ilegal» busca además acelerar la «confiscación de tierras» y «aumenta el control israelí», al «aplicar ilegalmente la soberanía israelí sobre los Territorios Ocupados Palestinos, socavando los derechos legítimos del pueblo palestino».

Así, han destacado que «estas medidas representan una violación flagrante del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario», así como «una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, principalmente la resolución 2234».

«La decisión contradice además la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, que subrayó la ilegalidad de las medidas destinadas a alterar el estatus legal, histórico o demográfico del territorio palestino ocupado, la obligación de poner fin a la ocupación y la prohibición de adquirir territorio por la fuerza», han recordado.

En esta línea, han reiterado que «este paso refleja un intento de imponer una nueva realidad jurídica y administrativa diseñada para consolidar el control sobre las tierras ocupadas, socavando así la solución de dos Estados, erosionando las perspectivas de establecimiento de un Estado palestino independiente y viable y poniendo en peligro el logro de una paz justa y exhaustiva en la región».

Los firmantes han insistido por ello en su «rechazo categórico de todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el status legal, demográfico e histórico» de Palestina y han reseñado que «estas políticas suponen una peligrosa escalada que elevará aún más las tensiones y la inestabilidad en los Territorios Ocupados Palestinos y en la región en su conjunto».

Por ello, han reclamado a la comunidad internacional que «asuma sus responsabilidades y adopte pasos claros y decisivos para poner fin a estas violaciones, garantizar el respeto del Derecho Internacional y salvaguardar los derechos inalienables del pueblo palestino», siendo los principales «el derecho a la autodeterminación, el fin de la ocupación y el establecimiento de su Estado independiente y soberano según las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital».

La iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Además, llegó al hilo de la decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando sus competencias en esta parte de Palestina. La medida implica aspectos como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.