Nicaragua avanza en una reforma constitucional que impide a los «traidores» participar en las elecciones

MADRID 2 Sep. –

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes, de forma «unánime» y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados «traidores a la patria» o «golpistas» participar en los comicios electorales, a la par que amplía el mandato presidencial de seis a siete años.

«Se aprueba en forma unánime en lo general (la reforma)», ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, según recoge el diario ‘La Prensa’, que agrega que dicha reforma de la Carta Magna nicaragüense entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.

El referido texto, que ha sido leído por los diputados de la Asamblea Nacional da potestad al Consejo Supremo Electoral para quitar la personería jurídica a partidos políticos financiados por Estados Unidos, a la par que excluye de la participación en las elecciones a los «traidores a la patria» o «golpistas».

Del mismo modo, el documento establece la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años prorrogables para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa.

Este paso en aras de consolidar la referida reforma parcial constitucional llega apenas unos meses después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmara que «no volverá a haber elecciones en el país» que preside desde 2007, apuntando a su vez a futuras «leyes» para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.

«Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones», espetó Ortega, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, en el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado el pasado mes de julio.

En ese mismo acto, el líder sandinista dijo que su Administración trabajaría «con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes» con objeto de hacer leyes que levantaran «un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias», en alusión a la oposición, para que «por mucha plata que les den los yanquis» no puedan alcanzar el Ejecutivo nicaragüense.

El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al Gobierno en 2007. Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto después de su promoción.

Este proyecto de reforma ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), cuya directora para las Américas, Ana Piquer, ha alertado de que esta reforma electoral constituye un «intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos».

La reforma, agrega AI, se suma a un «proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de Derechos Humanos, más de 300 personas fueron asesinadas».

«Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos», afea la organización que, a su vez, ha puesto como ejemplo la reforma constitucional promovida en el año 2025 que, ha recordado, «eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia».