Ministro de Justicia asegura que la orden de arresto contra Evo Morales por trata de personas «sigue vigente»

MADRID 3 May. –

El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, ha afirmado este viernes que la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por trata de personas «sigue vigente» después de que una jueza de la ciudad de Santa Cruz la anulase este miércoles.

«No solamente la orden (de captura), sino que queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez (…). El fallo está suponiendo claramente que, como medida cautelar se deje en suspenso cualquier decisión que haya emitido la juez Moreno», ha explicado Siles en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información.

El titular de Justicia contradice con estas palabras la decisión tomada a mediados de semana por la jueza Lilian Moreno, quien dejó sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra Morales, trasladando el proceso a Cochabamba, bastión político y social en el que cuenta con el apoyo incondicional de decenas de organizaciones sindicales y campesinas.

«Conforme al artículo 34 del CPCo. (Código de Procesamiento Penal) como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, entre tanto no se resuelva la presente queja conforme lo determina el Auto constitucional Plurinacional N° 0047/2022 de 10 de agosto de 2022», rezaba el dictamen, acogido por el exmandatario como un símbolo de justicia «después de mucho tiempo».

La medida fue, no obstante, cuestionada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo: «No compartimos la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la Justicia. Primero, nuestros niños», manifestó a través de su perfil en la red social X.

En esta misma línea, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció la apertura de una investigación en contra de la jueza Moreno, afirmando que el organismo «va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley».

La anulación se produjo después de que la Fiscalía de la ciudad de Tarija imputara formalmente a Morales en diciembre de 2024. El expresidente boliviano se negó a declarar en el marco del caso, por lo que la fiscal, Sandra Gutiérrez, emitió una orden de arresto en su contra.

Según la acusación, sobre Morales pesa un delito de trata agravada de personas ante unos presuntos hechos que cometió en 2015 –cuando era presidente del país– por mantener una relación con una menor de 15 años de la que nació una niña.

Aunque Morales aspira a participar en las elecciones, el Tribunal Constitucional de Bolivia le ha inhabilitado para participar, ya que la Presidencia del país tan solo puede ser ejercida durante un mandato de dos periodos, bien sean continuos o no.