La violencia en Haití se cobra al menos 1.400 vidas entre abril y junio, según la ONU

Advierte que, en algunos casos, las operaciones de seguridad han desplazado en lugar de suprimido la violencia de las bandas criminales

Más de 1.400 personas han muerto entre los meses de abril y junio de 2026 en Haití, víctimas de una violencia desatada por las pandillas que, según ha alertado Naciones Unidas este miércoles, se está «extendiendo geográficamente» por el país en un momento en el cual las autoridades intensifican su campaña contra ellas en Puerto Príncipe, la capital.

Concretamente, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) ha cifrado en un informe en al menos 1.408 las personas asesinadas y en 656 las heridas en el segundo trimestre del año. Estos datos suponen una disminución de alrededor de un 14% en relación con los tres meses anteriores, si bien la ONU ha asegurado que esta «modesta» bajada «oculta realidades muy diferentes según las regiones».

De ese total de víctimas mortales y heridos, aclara la BINUH, «más de la mitad son atribuidos a las pandillas», mientras que «alrededor de un 40%» fueron registradas en operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas y un cinco por ciento están relacionadas con grupos de autodefensa y actos de «justicia popular».

«Estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia», ha lamentado el máximo representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, en un comunicado que acompaña al informe.

Cabe recordar que esta misma semana, bandas criminales perpetraron en Kenscoff, una localidad sita a las afueras de Puerto Príncipe, un ataque que se saldó con 47 muertos, de los cuales 22 que fueron «ejecutados» dentro de una iglesia en la que se habían refugiado.

UNA PRESIÓN QUE «DESPLAZA» LA VIOLENCIA

La oficina integrada ha advertido, asimismo, que si bien las operaciones de seguridad «han reducido la actividad de las pandillas en algunas partes del área metropolitana de Puerto Príncipe, especialmente en Delmas y Tabarre», dicha «presión» ha supuesto, en algunos casos, un «desplazamiento» de la violencia en lugar de su supresión.

Tal es el caso de la vasta llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Ciudad Soleil, en la capital, donde pandillas rivales han librado enfrentamientos «de extrema violencia» por el control de territorios e ingresos ilícitos, provocando 463 muertes, así como cientos de personas «heridas o violadas» y «más de 18.000 residentes» que han huido de sus hogares.

Parte de esa intensidad de los enfrentamientos ha sido achacada en el referido informe «a las operaciones de seguridad llevadas a cabo en otras partes de la capital, que han empujado a miembros de pandillas hacia la Llanura del Cul-de-Sac», en la medida en que esa zona ocupa una posición «estratégica» a lo largo de dos grandes ejes que conectan el puerto de contenedores de la capital y la terminal petrolera de Varreux con el norte del país.

Del mismo modo, fuera de Puerto Príncipe, las pandillas «han seguido ganando terreno», según el citado documento de Naciones Unidas que pone como ejemplo el caso de Artibonite, una importante región agrícola del noroeste del país, donde grupos armados han atacado localidades, matando a residentes en sus propias casas y a agricultores que trabajaban en sus campos.

Otra muestra de ello se vislumbra en las diversas incursiones, esta vez más al sur, por parte de la pandilla Village de Dieu alrededor de Séguin, una zona hasta ahora libre en gran medida de este tipo de violencia. Las mismas, ha considerado la BINUH, «podrían reflejar un deseo de encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente controlando las carreteras que llevan al puerto de Marigot».

RIESGOS DE LA RESPUESTA ARMADA

Este contexto pone de manifiesto, según el texto de Naciones Unidas, que «mientras las autoridades intensifican su campaña, los civiles también se ven atrapados en las operaciones destinadas a desalojar a las pandillas».

A ese respecto, la BINUH ha apuntado que «más de 800 personas han muerto o resultado heridas» en operaciones de las fuerzas de seguridad durante el trimestre, las cuales incluyen el uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial gubernamental compuesta por policías haitianos y miembros de una empresa militar privada extranjera.

De ese total, al menos 95 de las víctimas «no tenían ningún vínculo con las pandillas», agrega el documento que, a su vez, remarca que la ONU «no ha recibido ninguna información que indique que las autoridades hayan abierto investigaciones sobre los muertos y heridos causados durante las operaciones de seguridad, incluidas las que involucran a la empresa militar privada».

Este tipo de violencia analizada por la BINUH pone de manifiesto que el desafío en el país «ya no consiste únicamente en recuperar barrios de Puerto Príncipe», en la medida en que las pandillas «se adaptan a la presión, buscan nuevos territorios y nuevas fuentes de ingresos, mientras que los métodos utilizados contra ellas ponen a los civiles en riesgo».

La mención por parte de la Oficina de Naciones Unidas de una «empresa militar privada» podría estar vinculada con Vectus Global, creada por el fundador de controvertida Blackwater, Erik Prince, y que en 2025 firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades haitianas.

De hecho, en marzo de 2026, la ONG Human Rights Watch (HRW), en una denuncia de las muertes provocadas por drones en operaciones del Ejecutivo haitiano, identificó a una de estas «empresas privadas» que colabora con el Gobierno haitiano como Vectus Global, que cuenta con licencia para exportación de servicios de defensa en el país, según confirmó el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster.