La UNRWA despide a cerca de 575 empleados que tuvieron que abandonar Gaza a causa de la ofensiva de Israel

La agencia achaca la medida a su crisis financiera y pide a Israel que permita el libre desplazamiento de población

Hamás critica la decisión contra huidos por la «guerra genocida» que no pueden volver a causa del cierre del paso de Rafá

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha confirmado este jueves el cese de cerca de 575 empleados que tuvieron que abandonar la Franja de Gaza ante la ofensiva de Israel a causa de la crisis financiera que atraviesa el organismo, al tiempo que ha reclamado a las autoridades israelíes la apertura de pasos fronterizos para permitir el libre desplazamiento de población.

Fuentes de UNRWA han confirmado a Europa Press que la decisión afecta a un total de 571 trabajadores y ha explicado que son empleados que salieron de Gaza tras el 7 de octubre de 2023 –fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que derivaron en una ofensiva a gran escala contra la Franja– y que desde entonces «se encuentran en Egipto sin poder llevar a cabo su trabajo».

Así, han manifestado que estas personas contaban hasta ahora con «una excedencia especial sin salario», antes de agregar que el hecho de que no puedan regresar a Gaza por el cierre de los pasos fronterizos ni teletrabajar, sumado a la crisis financiera que sufre la agencia, ha llevado a la UNRWA a dar este paso.

«Lamentablemente, la UNRWA se ha visto obligada a rescindir sus contratos», han señalado, al tiempo que han reseñado que el organismo «mantiene los salarios de sus 12.000 trabajadores activos en Gaza, así como todos sus servicios sanitarios, educativos, de apoyo psicológico, agua y saneamiento y refugio operativos».

En este sentido, han insistido en que «el Gobierno de Israel debe permitir el tránsito de personas hacia fuera y hacia dentro de Gaza, al igual que tiene que permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y garantizar que las ONG internacionales y las agencias de Naciones Unidas puedan seguir desempeñando su trabajo».

La decisión ha sido criticada por Hamás, que ha indicado en un comunicado que se trata de una medida «injusta» que supone además «una violación de los derechos básicos de unos empleados a los que se les impide volver a Gaza a causa de la guerra genocida y el cierre del paso de Rafá –en la frontera con Egipto– por parte de la ocupación fascista».

El grupo islamista palestino reclamó por ello al organismo que «dé marcha atrás en su decisión» y que «cumpla su papel y deber con el pueblo palestino y sus empleados, que también son palestinos».

Así, pidió a la UNRWA que «centre sus esfuerzos en dar ayuda al pueblo palestino ante la catástrofe humanitaria actual y en movilizar una postura internacional unificada para presionar a la ocupación para que retire las restricciones impuestas a las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza».

La agencia, principal organismo encargado de la entrega de ayuda humanitaria y asistencia a refugiados palestinos en los Territorios Ocupados Palestinos y otros países de Oriente Próximo, sufre desde hace años una crisis de financiación por la reducción de aportaciones de donantes.

Alrededor de 300 empleados del organismo han muerto a causa de la cruenta ofensiva desatada por Israel contra el enclave palestino, mientras que las autoridades israelíes han prohibido además a la agencia operar en su territorio bajo acusaciones de supuesto apoyo a Hamás, algo que ha sido desmentido en reiteradas ocasiones tanto por la UNRWA como por otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

De hecho, una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna concluyó en abril de 2024 que, si bien la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, no había pruebas para acreditar las acusaciones de Israel sobre vínculos entre trabajadores de la agencia y grupos terroristas.

A pesar de ello, Israel ha mantenido sus críticas y, de hecho, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el 8 de diciembre una redada en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, tal y como denunció el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, quien denunció el «flagrante desprecio» por parte de Israel al Derecho Internacional.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, reiteró el miércoles que el secretario general, António Guterres, tiene «confianza total» en la gestión de Lazzarini y afirmó que «gestionar cualquier organización de la ONU supone un desafío», algo aún más acusado en el caso de la UNRWA.

Dujarric hizo hincapié en que la UNRWA «opera en las circunstancias más difíciles imaginables, tanto física como financieramente» y recordó que «durante los últimos años (la agencia) no ha tenido claro si podrá pagar la nómina cada mes».

«Lazzarini está haciendo lo que debe hacer como gerente de UNRWA», sostuvo, al tiempo que agregó que «los empleados de la UNRWA, especialmente aquellos que han recibido cartas de despido, tienen derecho a apelar ante el tribunal de disputas de UNRWA» para abordar su situación.