La Policía de Corea del Sur abre una investigación contra el presidente por supuesta traición

La Fiscalía prohíbe al exministro de Defensa salir del país tras su dimisión

El Parlamento destituye a un auditor del Estado y tres fiscales

MADRID, 5

Las fuerzas de seguridad de Corea del Sur han abierto este jueves una investigación contra el presidente del país, Yoon Suk Yeol, por supuesta traición al declarar el martes la ley marcial, una medida que llevó a un gran despliegue militar en la capital, Seúl, y que fue revocada posteriormente por el pleno del Parlamento.

La pesquisa –que responde a dos solicitudes de investigación– ha pasado así a manos del equipo encargado de cuestiones de seguridad dentro de la Oficina Nacional de Investigación, que depende de la Agencia de la Policía Nacional surcoreana, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Una de las dos solicitudes ha sido presentada por el opositor Partido Reconstruyendo Corea, mientras que la segunda ha sido depositada por medio centenar de activistas que exigen la dimisión de Yoon y lo acusan de haber desatado una crisis interna en el país.

Estos documentos acusan además al ahora exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, al jefe del Ejército, Park An Su, y al ministro del Interior, Lee Sang Min, de traicionar al país al impulsar o dar el visto bueno a la ley marcial, una declaración que llegaba más de cuatro décadas después del último régimen militar surcoreano.

La Fiscalía y la Oficina de Investigación de Anticorrupción también han recibido solicitudes para abrir los procedimientos legales pertinentes contra Yoon por actos de traición, por lo que están estudiando la posibilidad de realizar sus propias investigaciones o, sin embargo, trasladar cualquier indicio a la Policía.

Sin embargo, la Fiscalía ha adoptado medidas contra el exministro de Defensa, al que ha prohibido abandonar de momento el país después de que este presentara su dimisión y asumiera la responsabilidad de la crisis desatada a raíz de la declaración de la ley marcial.

La situación ha provocado fuertes protestas en la capital surcoreana, donde grupos de activistas, opositores y sindicatos han arremetido contra un presidente que venía registrado una baja tasa de popularidad. Todos ellos han pedido su dimisión para devolver la estabilidad al país asiático, según han denunciado.

La ley marcial fue decretada durante un inesperado mensaje de Yoon a la nación, en el que acusó a la oposición de simpatizar con Corea del Norte después de que los opositores, que cuentan con la mayoría en el Parlamento, sacasen adelante una medida presupuestaria y presentaran mociones de destitución contra varios altos cargos.

DESTITUCIÓN DE ALTOS CARGOS

Este mismo jueves, el Parlamento ha aprobado la destitución del jefe de la Junta de Auditoría e Inspección (BAI), Choe Jae Hae, y tres fiscales –Lee Chang Soo, Cho Sang Won y Choi Jae Hun– por su papel en las investigaciones relacionadas con los últimos escándalos que han envuelto al presidente y a su mujer, la primera dama Kim Keon Hee.

Ahora, con la aprobación de estas mociones, los cuatro han sido suspendidos de empleo y sueldo hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos. Se trata de la primera vez en que un jefe del BAI es destituido por la Asamblea Nacional en la historia de Corea del Sur.

Choe ha sido acusado por miembros de la oposición de no auditar debidamente los indicios de irregularidades en relación con la reubicación de la oficina presidencial en 2022, mientras que los fiscales han sido acusados de fracasar a la hora de imputar a la primera dama tras una investigación por manipulación de acciones.

Este escándalo ha estado en el centro del debate político en Corea del Sur durante el último año y ha sido uno de los factores clave en la aplastante derrota sufrida por el gubernamental Partido del Poder Popular (PPP) en las elecciones del pasado 10 de abril.

Estaba previsto que estos mismos procesos de destitución se votaran el miércoles en la Cámara Baja, si bien tuvieron que ser pospuestos a medida que Yoon declaraba la ley marcial, que según la Constitución puede ser decretada por el presidente en caso de «necesidad militar» o para «mantener la seguridad y el orden público tras notificar a la Asamblea, que puede obligar al jefe de Estado a dar marcha atrás si así lo decide por mayoría.