La ONU rechaza la designación por parte de las autoridades rusas de Memorial como organización «extremista»

HRW denuncia que el proceso judicial que derivó en la prohibición de la ONG se desarrolló a puerta cerrada y los abogados de la organización

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, ha criticado con dureza la decisión de las autoridades rusas de declarar «extremista» a la ONG Memorial, en el marco de lo que ha denunciado como una intensificación de la represión contra la sociedad civil y la libertad de expresión en el país.

Türk ha mostrado su «consternación» por la decisión adoptada contra una de las organizaciones de derechos humanos más veteranas de Rusia, una medida que –ha advertido– supone en la práctica la criminalización del trabajo en defensa de los derechos fundamentales.

«Estoy horrorizado por la designación por parte de las autoridades rusas de Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y destacadas del país, como organización ‘extremista’, lo que en la práctica criminaliza el trabajo crítico en materia de derechos humanos», ha manifestado en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, ha subrayado que esta decisión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia más amplia en la que las autoridades rusas estarían utilizando legislación contra el extremismo para perseguir a personas y organizaciones bajo acusaciones imprecisas que los vinculan a supuestos «movimientos» extremistas.

El alto comisionado ha relacionado también esta actuación con recientes acciones contra medios independientes, como el registro del diario ‘Novaya Gazeta’ y la detención del periodista Oleg Roldugin, episodios que, a su juicio, evidencian una «continua represión del espacio cívico, la libertad de expresión y de asociación», así como una persecución sistemática contra las voces críticas con el Gobierno ruso.

Türk ha instado a Moscú a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ha exigido la revocación inmediata de la decisión contra Memorial, reclamando además que no se persiga penal o administrativamente a ninguna persona por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión o de asociación pacífica.

En la misma línea, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un escrito público que la decisión del Tribunal Supremo ruso, adoptada el 9 de abril de 2026, de declarar «extremista» a Memorial supone una «escalada dramática» en los esfuerzos del Kremlin por desmantelar las iniciativas en defensa de los derechos humanos. Ello, además, fruto de un proceso «ilegal».

La ONG ha advertido de que esta calificación implica la prohibición total de cualquier actividad vinculada a la ONG rusa, bajo amenaza de penas de prisión prolongadas, en el marco de un aparato legal cada vez más restrictivo.

Así las cosas, el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson, ha reclamado que las autoridades rusas retiren esta medida y respalden a la sociedad civil en lugar de desmantelarla: «Las autoridades rusas deberían levantar esta designación punitiva contra Memorial y apoyar a la sociedad civil, en lugar de intentar desmantelarla», ha afirmado.

Según detalla HRW, el proceso judicial que derivó en la prohibición de la ONG se desarrolló de forma acelerada y a puerta cerrada, con el expediente clasificado como «alto secreto» y sin permitir la participación de los abogados de la organización, lo que ha sido calificado por sus representantes como un procedimiento «ilegal e infundado».

El Tribunal Supremo ruso ha justificado su decisión alegando que las actividades de Memorial eran «abiertamente antirrusas» y estaban dirigidas a «destruir los cimientos del Estado ruso», socavar su integridad territorial y erosionar sus valores históricos y culturales, unas acusaciones que la organización rechaza.

Memorial, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022, ya había sido disuelta en 2021 en Rusia bajo acusaciones de incumplir la legislación sobre «agentes extranjeros», una medida que fue posteriormente considerada contraria al derecho de asociación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tanto la ONU como HRW coinciden en que la decisión supone un nuevo golpe a la sociedad civil rusa en un contexto de creciente represión, en el que otras organizaciones internacionales de derechos humanos también han sido prohibidas o restringidas en el país.