La ONU critica la opacidad de los decretos de Maduro sobre el estado de conmoción externa en Venezuela

Turk, preocupado por el «impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense» tendrá sobre los DDHH

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha criticado que el contenido de los recientes decretos aprobados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre el estado de conmoción externa permanece sin publicar, por lo que esta opacidad los «protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional».

El estado de conmoción externa está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana y se decreta en caso de un conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones.

En concreto, la medida otorga al Gobierno poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir derechos civiles y controlar los medios de comunicación. Caracas ha justificado la medida ante las tensiones en la región por las operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe contra el narcotráfico y la posible intervención de Washington en territorio venezolano.

Turk ha expresado preocupación por «el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los Derechos Humanos» y ha reiterado su llamamiento a Estados Unidos para que «utilice métodos de aplicación de la ley establecidos para contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas».

«La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas comunes quienes quedan atrapadas en el fuego cruzado. No los criminales ni quienes ostentan el poder, sino la gente común», ha expresado.

De igual forma, ha instado a los Estados que acogen o reciben a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos a «garantizar su protección internacional, dada la precaria situación de los Derechos Humanos en el país».

Turk ha subrayado también que «la represión del espacio cívico se ha intensificado» en los últimos meses en el país latinoamericano. «La vida pública se está militarizando aún más, lo que aumenta el riesgo de violencia en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de delincuencia», ha aseverado en un comunicado.

En concreto, ha informado de que su oficina «ha recibido denuncias de alistamiento forzado, incluso de adolescentes y personas mayores». «Igualmente impactantes son los relatos de que las autoridades animan a la gente a denunciar a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado. Estas políticas generan miedo, desconfianza y autocensura», ha señalado.

Además, ha señalado que periodistas, defensores de Derechos Humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen «enfrentando amenazas, hostigamiento y el riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo».

«La reciente detención del secretario general del principal sindicato (de Venezuela) envió una señal escalofriante a los trabajadores de todo el país», ha precisado, en referencia al arresto de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Turk ha vuelto a expresar preocupación por «las condiciones de detención, la persistente falta de alimentos y medicinas y la denegación de visitas familiares». «Mi oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024», ha dicho, instando a investigar estos casos con «prontitud» y de forma independiente, incluyendo la muerte del opositor Alfredo Díaz.

«También hemos observado un aumento en el traslado de detenidos a lugares desconocidos, algunos de los cuales equivalen a desapariciones forzadas. En tres centros de detención, Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, se sigue manteniendo a las personas incomunicadas, sin contacto con familiares o abogados, en flagrante violación de sus derechos fundamentales», ha argüido.

Turk ha resaltado además que las autoridades han intensificado las «represalias» contra familiares de disidentes. «Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de por lo menos 17 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce la suerte y el paradero de otros 12 familiares», ha detallado.

Si bien ha «tomado nota» de la liberación de al menos 51 personas desde su última actualización y de que al menos 23 ciudadanos extranjeros han recibido visitas consulares, ha instado a la liberación de aquellos detenidos «arbitrariamente», incluyendo Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda. Asimismo, ha pedido liberar a cuatro adolescentes que siguen entre rejas.

También ha expresado preocupación por los intentos de despojar de su nacionalidad venezolana a ciertas figuras de la oposición, mientras que ha condenado el asesinato de varios líderes indígenas en los últimos años, incluyendo los casos de Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera.