La ONU celebra la sentencia contra 17 militares ecuatorianos por el asesinato de cuatro menores en 2024

MADRID 7 Jun. –

Naciones Unidas ha celebrado este sábado la sentencia dictada en el caso conocido como ‘Niños de las Malvinas’, un proceso judicial que investigaba la desaparición y asesinato de cuatro menores ecuatorianos detenidos ilegalmente por militares en 2024, y la ha calificado de «referente histórico».

El ‘caso Las Malvinas’ se refiere a la desaparición y asesinato de cuatro menores ecuatorianos (Josué, Ismael, Steven y Nehemías) de entre 11 y 15 años, detenidos ilegalmente por militares en diciembre de 2024 en Guayaquil, Ecuador.

«La sentencia en el caso, es un referente histórico muy importante en desapariciones forzadas cometidas por Fuerzas Armadas. Fue crucial la fuerza de las familias, el acompañamiento de CDHGYE , un fiscal comprometido con la justicia y un poder judicial contundente», ha resaltado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas (WGEID, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El proceso penal, que ha concluido con un fallo unánime, ha contado con el respaldo activo de las familias de las víctimas y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDHGYE).

El grupo de trabajo de la ONU, a través de su integrante Ana Lorena Delgadillo Pérez, ha resaltado la «obligación jurídica e institucional» que tiene el estado de Ecuador de buscar «de manera activa» a todas las personas desaparecidas en su territorio. A su vez, ha subrayado que es «indispensable erradicar la impunidad» para que todas las familias de las víctimas puedan acceder «de forma efectiva a los derechos de búsqueda, justicia, verdad y reparación».

En octubre de 2025, la Fiscalía de Ecuador acusó formalmente a 17 militares por un delito de desaparición forzada tras la detención, a principios de diciembre de 2024, de cuatro menores de edad del barrio Las Malvinas en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados a finales de ese mismo mes en otra localidad.

El fiscal Christian Farez solicitó la acusación durante una audiencia preparatoria del juicio, en la que reveló actos de violencia física y tortura contra los jóvenes y pidió que se ratificase la prisión preventiva de los acusados, quienes alegaron que las víctimas fueron «presumidos como adultos debido a su contextura y falta de documentos».