
Military Operation On Refugee Camps In Nablus, Palestine – 04 Jan 2026
Publicado 7 Jan 2026 16:12
«Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania», advierte Turk
Un nuevo informe de Naciones Unidas alerta de que «hay motivos razonables» para creer que las leyes, políticas y prácticas «discriminatorias» de Israel contra la población palestina en Cisjordania tienen como objetivo ser «permanentes» para afianzar el control sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
El informe de 40 páginas, publicado este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, detalla que el Gobierno de Israel estaría violando el Derecho Internacional, especialmente el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), que prohíbe la segregación racial y el apartheid.
Estas prácticas discriminatorias, encaminadas a negar el «derecho a la autodeterminación» del pueblo palestino, producen un trato desigual en una serie de cuestiones como la libertad de movimiento por el territorio o el acceso a recursos como la tierra o el agua.
El documento describe así cómo las autoridades confiscan y destruyen «ilegalmente» la infraestructura hídrica palestina, desviando el agua hacia los asentamientos, lo que obliga a la Autoridad Palestina a comprar grandes cantidades de agua a una empresa del Gobierno israelí que la extrae de la Cisjordania ocupada.
Asimismo, advierte de que el sistema de justicia militar aplicado a los palestinos ofrece poca o ninguna protección en comparación con el derecho civil israelí, que favorece a los colonos. Durante los procedimientos penales se violan además sistemáticamente los derechos de la población palestina al debido proceso y a un juicio justo, tal y como recoge.
El texto también detalla que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados ha empeorado «drásticamente» desde diciembre de 2022 y se ha intensificado desde el 7 de octubre de 2023, con el Gobierno de Israel ampliando aún más el uso de la fuerza ilícita, la detención arbitraria y la tortura, así como la represión de la sociedad civil y las restricciones indebidas a la libertad de prensa.
Esta situación se ha visto agravada además por la «escalada» de la violencia de los colonos –en muchos casos «con la aquiescencia, el apoyo y la participación de las fuerzas de seguridad israelíes»– así como por la apropiación de miles de hectáreas de tierras palestinas, la mayoría de las cuales sirven para construir nuevos asentamientos.
El informe documenta también «asesinatos ilegales y otras formas de violencia estatal y de ocupación». En concreto, pone el ejemplo de la muerte de un niño de diez años el 28 de enero de 2025 por disparos en el abdomen por parte de las tropas israelíes, así como la muerte en las mismas circunstancias de una mujer embarazada de ocho meses, de 23 años, por presuntamente «mirar con recelo al suelo».
Asimismo, señala que la violencia «endémica» cometida por las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos permanece impune. De los más de 1.500 asesinatos de palestinos ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes han abierto 112 investigaciones, con solo una condena, según el informe.
«Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania», ha advertido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que advierte que esta situación se da en todos los aspectos de la vida, como ir a la escuela o al hospital o recoger aceitunas, entre otras.
Turk ha advertido así que «esta a es una forma particularmente grave de discriminación racial y segregación, similar a un tipo de sistema de apartheid que ya hemos visto antes». «Todas las tendencias negativas documentadas en el informe no solo han continuado, sino que se han acelerado», ha aseverado.
De igual forma, miles de palestinos siguen detenidos arbitrariamente por las autoridades israelíes, en su mayoría bajo «detención administrativa», sin cargos ni juicio. Por todo ello, Turk ha instado a Israel a «derogar todas las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos por motivos de raza, religión o etnia.
«Pido a las autoridades que pongan fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo el desmantelamiento de todos los asentamientos y la desocupación de todos los colonos, y a respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», ha zanjado.
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