La Justicia militar de Pakistán condena a prisión a decenas de civiles por las protestas a favor de Imran Jan

MADRID, 26

Los tribunales militares de Pakistán han condenado este jueves a 60 civiles a penas de prisión por su implicación en las protestas violentas y los disturbios que estallaron el pasado 9 de mayo de 2023 tras la encarcelación del ex primer ministro Imran Jan, implicado en varios supuestos casos de corrupción.

Entre estos últimos se encuentra Hassan Jan Niazi, sobrino de Jan, así como decenas más de simpatizantes de su partido Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI). Días atrás otra veintena fue condenada por estos mismos hechos tras un proceso judicial cuestionado por las competencias del Ejército para juzgar a la población civil.

Todas estas personas han sido condenadas a entre dos y diez años de prisión por su participación en ataques contra instalaciones militares el pasado 9 de mayo de 2023. El sobrino de Jan ha sido sentenciado a diez años cárcel por el asalto a la residencia oficial de un comandante en Lahore.

«Todos los condenados conservan el derecho a apelar y a otros recursos legales, tal y como garantizan la Constitución y la ley», ha señalado trasladado la oficina de comunicación de las Fuerzas Armadas de Pakistán.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron a cientos de partidarios de Jan después de los fuertes disturbios que se ocasionaron aquel día, con ataques a instalaciones militares y edificios gubernamentales incluidos. Hasta ahora, más de 100 personas han sido juzgadas por estos tribunales militares.

Los juicios habían sido suspendidos en un primer momento después de un fallo del Tribunal Supremo, si bien el Constitucional ordenó este mes retomar los juicios pendientes, en medio de las críticas, por otra parte, de actores internacionales como Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y grupos de Derechos Humanos.

En respuesta a las críticas del exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán remarcó esta semana que las sentencias se habían dictado en virtud a una ley aprobada por el Parlamento y en línea con el Tribunal Supremo.