La defensa esgrime graves irregularidades en el proceso judicial a 121 detenidos tras las protestas

MADRID 8 Nov. –

Abogados defensores de los 121 detenidos hasta el momento por instigar presuntamente la violencia postelectoral después de las polémicas elecciones presidenciales de octubre en Camerún han denunciado que sus clientes están siendo víctimas de privaciones ilegales de libertad, traslados opacos, deportaciones a centros ocultos, detenciones arbitrarias y, en general, graves violaciones de los Derechos Humanos.

El presidente de Camerún, Paul Biya, tomó posesión este jueves para un octavo mandato al frente del país africano, que dirige desde hace 43 años, tras su polémica victoria en las elecciones celebradas el 12 de octubre, en las que el principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, se ha negado a reconocer los resultados afirmando que él es el verdadero ganador en las urnas.

Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en dichos comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

El portavoz y abogado defensor Hippolyte Meli ha denunicado en un comunicado publicado por el portal Actucameroun que los detenidos fueron trasladados este viernes «de manera dispar ante el Tribunal Militar y el Tribunal de Primera Instancia de Yaundé», la capital

Mientras el equipo de defensa asistía a estos 52 detenidos en el Tribunal Militar de Yaundé, otro grupo de 69 personas, entre ellas nueve menores, fueron «remitidos al Tribunal de Primera Instancia del Centro Administrativo» de la capital.

La defensa ha denunciado que estos detenidos llevan días «incomunicados en sus celdas» y que una treintena de ellos han sido trasladados a un centro de internamiento dado que las celdas de la Unidad Central de Investigación Criminal están saturadas.

Este traslado «es ilegal y se considera no solo un paso previo a la desaparición forzada, sino también un acto criminal que las autoridades policiales deben tener cuidado de no cometer», avisa el portavoz, antes de trasladar sus sospechas sobre la existencia de una «mano negra» que está dando «órdenes ilegítimas e ilegales» para que las ejecuten fuerzas policiales que en realidad «son personal militar asimilado».