La Asamblea Nacional deliberará el miércoles sobre las peticiones de los estudiantes sin votación posterior

La izquierda francesa protesta una maniobra que tacha de cortina de humo orquestada por Macron para ganar tiempo

La Asamblea Nacional de Francia ha anunciado que el próximo miércoles someterá a debate la reforma de la educación secundaria que llevan semanas reclamando los estudiantes del país aunque no habrá votación posterior sobre la cuestión; un procedimiento que ha desatado las críticas de partidos de izquierda como La Francia Insumisa.

El debate comenzará a las 17.00 a petición del primer ministro del país, Sébastien Lecornu, según ha explicado el Ministerio de Relaciones del Parlamento en un comunicado a los medios franceses en el que confirma la ausencia de una votación posterior.

Para el coordinador general de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, cualquier debate sin votación sobre la polémica plataforma Parcoursup, exponente de un complejo método de acceso a la educación superior que no ha satisfecho ni a estudiantes ni profesores, «no será más que un nuevo ejercicio de engaño».

«Oficialmente solicitamos que sea seguido de una votación, como lo permite la Constitución», ha añadido Bompard en redes sociales.

MEDIDAS EN PROCESO DE APROBACIÓN

El primer ministro ha mantenido este lunes una nueva reunión con asociaciones de estudiantes, ahora mismo a la espera de la rueda de prensa que darán esta tarde los ministros de Educación y de Educación Superior, Edouard Geffray y Philippe Baptiste, después de que Macron avanzara esta mañana desde Marsella «anuncios contundentes» para responder a las «legítimas demandas» de los estudiantes.

Tras el encuentro con Lecornu en la sede de Matignon, la activista e influencer Mathilde Fouqué ha comentado a los medios franceses que el Gobierno baraja ahora mismo cinco iniciativas.

El plan pasa por la sustitución o modificación radical del funcionamiento de Parcoursup, la apertura de 15.000 plazas en la educación superior para resolver la superpoblación escolar, así como un plan de renovación de infraestructuras estimado en 5.000 millones de euros (1.000 para renovación de universidades hasta 2031 y el resto en forma de préstamos para institutos). Por último el Gobierno contempla la posibilidad de que las becas estudiantiles queden indexadas a la inflación.