Kast explora el indulto para policías y militares condenados por violencia durante el estadillo social de 2019

MADRID 14 Mar. –

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha mostrado su disposición a indultar a policías y militares que han sido condenados por actuaciones violentas que provocaron graves daños a los manifestantes durante las protestas de octubre de 2019 conocidas como el estallido social.

«La facultad del indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar», ha sostenido el mandatario chileno en una entrevista concedida a Canal 13 en la que ha defendido que hay «personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado».

Asimismo, el presidente chileno ha asegurado que está en marcha un estudio de los diferentes casos de carabineros y militares cumpliendo penas de prisión por ejercer violencia contra los manifestantes.

«Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar, pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando», ha defendido Kast.

Entre los condenados se encuentran miembros de la fuerzas del Estado por, entre otros casos, disparar contra manifestantes, dejar a personas sin ojo o, incluso, dejar a una persona en estado vegetal tras un brutal paliza.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por el diario ‘La Tercera’, el ministro de Justicia ha indicado que no ha firmado ningún indulto y que la agenda del Gobierno no sigue una «agenda prodelincuencia» sino que los que busca el nuevo Ejecutivo es «combatir» el crimen.

El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de Carabineros, fue ampliamente denunciado tanto fuera como dentro de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, entre ellas 34 muertos.