Japón abre la puerta a una polémica reforma constitucional que pone en tela de juicio su era pacifista

Takaichi sigue la estela de sus predecesores conservadores y apuesta por enmendar el artículo 9 de la Carta Magna

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha vuelto a abrir la puerta a una polémica reforma constitucional que pondría fin a la era pacifista del país, iniciada inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Tokio renunció «para siempre» a la guerra como «derecho soberano» y que limita significativamente los movimientos de sus tropas.

Con la apertura de negociaciones con su principal socio de Gobierno, el Partido de la Innovación (JIP), la mandataria sigue la estela de algunos de sus predecesores conservadores, como el difunto Shinzo Abe, que abanderó las iniciativas para sacar adelante una enmienda con la que buscaba mejorar la capacidad de defensa de Japón.

Esta posible reforma ha suscitado críticas entre la población japonesa durante años y es, generalmente, punto de fricción dada la significativa división existente en la sociedad nipona, habida cuenta de que sitúa al país al borde del belicismo.

La formación gubernamental, el Partido Liberal Democrático (PLD), ya había prometido enmendar la Carta Magna durante la campaña electoral al considerar que existen crecientes desafíos para el país en política exterior.

No es la primera vez que la formación trata de sacar adelante una propuesta que permita renunciar al artículo 9 de la Constitución, si bien su anterior socio de coalición, el partido Komeito, se mostraba reticente a introducir medidas de este tipo.

El nuevo Gobierno apuesta por introducir una «cláusula de emergencia» que permita poner en marcha las medidas necesarias ante un «desastre o un ataque armado», una cuestión que fue abordada en octubre por los socios para dar el visto bueno al nombramiento de Takaichi, que se ha convertido en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno.

La Constitución nipona, que fue redactada por un comité de estadounidenses tras la contienda y cambió el papel del emperador, lleva décadas sin ser modificada desde su entrada en vigor en 1947. Desde entonces, ni siquiera se ha iniciado un proceso de reforma, en parte debido a que es necesario contar con un gran apoyo en la Dieta de Japón (el Parlamento).

Para sacar adelante la reforma, es necesario contar con el apoyo de dos tercios en las dos Cámaras, además del aval de la mayoría de la población en un referéndum nacional celebrado a posteriori.

El PLD cuenta de momento con el apoyo de otras formaciones que apuestan también por lograr un cambio significativo respecto a las limitaciones del Ejército, que recibe en Japón el nombre de Fuerzas de Autodefensa, si bien el Gobierno no cuenta de momento con más de dos tercios de los apoyos en la Cámara Baja –aunque sí lo hace en la Cámara Alta–.

Este artículo se ha convertido en una pieza crucial de la Constitución japonesa, y muchos políticos conservadores lo ven como una «imposición humillante» por parte de la ocupación que encabezaba Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Dicho artículo prohíbe al Ejército japonés poseer «fuerzas militares o potencial de guerra», algo que debe ser «aclarado» en mayor medida, según defiende el PLD, que insta a «definir el estatus legal de las fuerzas japonesas» y dejar de argumentar que su existencia es inconstitucional.

El borrador final de la Constitución fue revisado por las autoridades japonesas y aprobado por la Dieta el 7 de octubre de 1946 con solo cinco votos en contra. El texto incluye también la rendición de cuentas por parte del emperador al pueblo y la adopción del pacifismo como meta principal. Además, apuesta por la implementación de un sistema parlamentario que ponga fin a los privilegios con los que contaba la nobleza.

En 2014, el Gobierno de Abe trató de sacar adelante una medida similar que permitía ejercer el derecho de autodefensa colectiva si «la existencia del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida y la libertad».

Esto permitía a Japón enviar tropas como parte de contingentes de paz de forma autónoma a terceros países y participar en las operaciones de seguridad en el marco de Naciones Unidas. Sin embargo, no obtuvo los respaldos suficientes a nivel político ni tampoco a nivel social, con más del 60 por ciento de la población en contra.

La apertura de esta puerta a una posible reforma constitucional llega en un momento de crecientes tensiones en la región, especialmente con Corea del Norte y China. Desde que llegó al cargo, Takaichi ha puesto sobre la mesa la posibilidad de tomar medidas en represalia ante una acción militar china de gran envergadura en relación con Taiwán.

Esta postura, reiterada por la mandataria, que ha asegurado que una posible invasión de la isla pondría en peligro todo el ‘statu quo’ de la zona, ha provocado duras críticas por parte de China, cuyos representantes han llegado incluso a hablar de «cortarle el cuello» a la primera ministra nipona.

La situación ha llegado a tal punto que las autoridades chinas han asegurado que una acción de este tipo solo llevaría a una «nueva derrota» de Japón, un país al que ha invitado a «aprender la lección histórica» de sus propios fracasos.