HRW denuncia que la Fiscalía griega está criminalizando a dos cooperantes acusados de tráfico de personas

Acusa a Grecia de perpetuar un «patrón sistemático» de persecución política contra los defensores de los derechos de los migrantes

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este sábado que la Fiscalía griega está criminalizando a los cooperantes humanitarios Panayote Dimitras y Tommy Olsen, ambos imputados por tráfico de personas en un proceso que representa, para la ONG, un «intento politizado de silenciar sus esfuerzos» para revelar los abusos institucionales cometidos contra los migrantes que intentan llegar al país mediterráneo.

Dimitras es el fundador y presidente de la ONG griega Greek Helsinki Monitor mientras que Olsen, ciudadano noruego, es fundador de la también ONG Aegean Boat Report. Ambos han sido acusados junto a dos solicitantes de asilo cameruneses de «formar o unirse con ánimo de lucro a una organización criminal con el fin de facilitar la entrada y estancia de nacionales de terceros países en territorio griego». Los cuatro se exponen a penas máximas de hasta 20 años de prisión.

Tanto Dimitras como Olsen, defiende HRW, llevan documentando y exponiendo desde hace años las violaciones de Derechos Humanos contra solicitantes de asilo y migrantes, «incluidas violentas expulsiones por parte de las autoridades griegas, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado de ‘sistemáticas».

Olsen reside en Noruega y un tribunal de su país se ha negado a extraditarlo a Grecia. En Noruega, ayudar a alguien a iniciar un procedimiento de asilo es un acto legal protegido por tratados internacionales. Sin embargo, los fiscales griegos han mantenido órdenes de arresto, incluida la orden de arresto europea, contra Olsen, que se enfrenta a la posibilidad de acabar bajo detención si viaja a Grecia para defenderse.

HRW denuncia que lo que está sucediendo con Dimitras y Olsen «es parte de un patrón más amplio y bien documentado de autoridades griegas que utilizan indebidamente el derecho penal y administrativo para acosar e intimidar a activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes».

La ONG recuerda que, en enero de este año, un tribunal griego en la isla de Lesbos acabó absolviendo a 24 trabajadores humanitarios de cargos similares, después de que los fiscales los sometieran a siete años de «devastador» procedimiento legal.

Por todo ello, la investigadora sénior para Europa de Human Rights Watch, Eva Cossé, entiende que «el inminente juicio contra Dimitras y Olsen constituye un intento flagrante de criminalizar y silenciar su legítima labor en defensa de los derechos humanos» por lo que «la fiscalía debería retirar de una vez por todas este caso políticamente motivado contra ambos».