HRW condena la muerte de manifestantes a manos de Policía en Ladaj y acusa a India de «silenciar» la disidencia

MADRID 26 Sep. –

Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves a las autoridades indias de tratar de «silenciar y criminalizar la disidencia» en respuesta a la muerte de al menos cuatro personas y unas 80 hayan resultado heridas por disparos de la Policía durante las protestas de los últimos días en la región de Ladaj, situada en territorio montañoso del norte de la región de Cachemira y en disputa con China, a favor de la autonomía.

«El Gobierno indio ha intentado repetidamente silenciar la disidencia encarcelando a activistas y manifestantes pacíficos, culpándolos de la violencia que a menudo responde a sus tácticas represivas», ha declarado la subdirectora para Asia de la organización, Meenakshi Ganguly, en un comunicado en el que ha precisado que las cuatro víctimas mortales de «la Policía» se produjeron el pasado 24 de septiembre en la capital de este territorio, Leh.

HRW ha denunciado en ese sentido que el Ejecutivo de Narendra Modi ha atacado «cada vez más» a las organizaciones de la sociedad civil mediante la ley que regula la recepción y el uso de fondos extranjeros por parte de entidades locales, además de «investigaciones financieras amañadas e incluso legislación antiterrorista».

Asimismo, ha acusado a las autoridades indias de adoptar «leyes draconianas» destinadas a detener y encarcelar a periodistas, activistas y académicos críticos con su labor de gobierno, «incluso acusándolos de sedición». «Las autoridades criminalizan sistemáticamente la disidencia impidiendo las protestas pacíficas, bloqueando Internet y censurando las redes sociales», ha agregado.

La responsable de HRW ha señalado que, en su lugar, «las autoridades deberían actuar con moderación e investigar y castigar imparcialmente a los responsables de la violencia». Nueva Delhi ha culpado al educador y activista climático Sonam Wangchuk, una figura influyente en la zona, de lo que considera un «levantamiento», después de que éste se haya declarado en huelga de hambre junto a otros 15 activistas el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo a la organización, Wangchuk ha negado las acusaciones del Gobierno sobre su supuesta incitación a la violencia, denunciando lo que ha calificado como una «receta para el malestar social» desde el Ejecutivo a quien acusa de no querer escuchar sus demandas.

«En lugar de tomar medidas ilegales para silenciarlos, el Gobierno indio debería colaborar con los activistas y las comunidades que protestan para abordar sus quejas», ha señalado la ONG en una nota en la que ha recordado que «como han demostrado las recientes protestas en Asia, la gente, especialmente los jóvenes, está frustrada por el mal gobierno, la falta de empleo, la corrupción y las promesas vacías de sus gobiernos».

Este mismo jueves las autoridades indias han extendido el toque de queda en la región de Ladaj, donde han muerto cuatro personas y otras 80 han resultado heridas en unos disturbios que se han saldado además con medio centenar de detenidos, mientras que han ampliado las patrullas de las fuerzas de seguridad a lo largo del territorio, situado en el Himalaya.

Los manifestantes han vuelto a salir a la calle para protestar por las muertes y las cuotas de acceso a los empleos públicos, además de exigir investigaciones exhaustivas sobre los decesos. Asimismo, han pedido que se haga justicia en el enclave, que perdió su autonomía efectiva en el año 2019 cuando el primer ministro Modi revocó la autonomía de Cachemira con la intención de dividir la región en dos territorios federales directamente controlados desde Nueva Delhi: el enclave budista y musulmán de Ladaj y el resto de Cachemira.