HRW afea el «desprecio de la Administración Trump por el Derecho Internacional» tras las nuevas sanciones al TPI

Denuncia «un intento descarado de proteger de la Justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes implicados en crímenes graves»

La ONG Human Rights Watch ha criticado el «desprecio de la Administración Trump por el Derecho Internacional» tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y el abogado litigante Abdoulaye Seye, por su papel en la investigación a Israel por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

«La decisión del Gobierno estadounidense de sancionar a dos funcionarios más del TPI es solo el ejemplo más reciente del absoluto desprecio de la Administración Trump por el Derecho Internacional», ha declarado la directora para Oriente Próximo y el Norte de África de Human Rights Watch, Balkees Jarrah.

En este mismo sentido, también ha denunciado que la medida supone «un intento descarado de proteger de la Justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes implicados en crímenes graves».

Por ello, ha reclamado que «los países miembros del TPI deben condenar enérgicamente este abuso de las sanciones y actuar para garantizar que el Tribunal pueda continuar su labor crucial en favor de las víctimas de los peores crímenes del mundo, ya sea en Afganistán, Palestina, Sudán o Ucrania».

Las palabras de la responsable de HRW llegan después de que el Departamento del Tesoro estadounidense haya anunciado la imposición de sanciones contra Akane y Seye.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida acusando a los dos últimos afectados de haber «participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, «sienta un peligroso precedente para todas las naciones».

El jefe de la diplomacia estadounidense ha enmarcado así estas sanciones en una «campaña diplomática» para poner freno a lo que considera como «abusos de poder» del TPI, y ha manifestado su deseo e que otros países se sumen a ella.

Estas dos últimas designaciones se suman a las de otros ocho magistrados del TPI, la del exfiscal jefe Karim Khan y las de otros dos fiscales adjuntos.

El 11 de agosto, Human Rights Watch presentó una demanda conjunta con otras tres organizaciones ante un tribunal federal estadounidense impugnando las sanciones impuestas por la administración Trump contra fiscales y jueces del TPI, así como contra una experta en Derechos Humanos de la ONU y tres organizaciones palestinas de Derechos Humanos.