Guinea acude a las urnas para un referéndum constitucional en medio del llamamiento opositor al boicot

La votación será la primera tras el golpe de Estado de 2021 y llega ante el aumento de la represión por parte de la junta

La población de Guinea está llamada a las urnas este domingo para un referéndum constitucional que supondrá la primera votación tras el golpe de Estado de 2021, que derrocó al entonces presidente, Alpha Condé, una jornada que tendrá lugar entre llamamientos opositores a un boicot por lo que consideran como un intento de la junta militar de legitimar sus acciones ante el aumento de la represión contra críticos y activistas.

El referéndum en el país, de cerca de 15 millones de habitantes, supondrá el pistoletazo de salida a lo que se prevé como una serie de procesos que debería desembocar en unas presidenciales para devolver el poder a los civiles, después de varios aplazamientos que han provocado un aumento de las críticas al líder militar, Mamady Doumbouya, quien además podría estar sopesando concurrir a las urnas.

A pesar de que la asonada contra Condé, dada después de que obtuviera una polémica renovación de su mandato entre denuncias opositoras sobre irregularidades, fue vista por algunos guineanos como un rayo de esperanza para romper con el régimen anterior e iniciar un proceso de democratización, los casi cuatro años de la junta en el poder han provocado numerosas suspicacias, entre condenas al aumento de la represión y el inmovilismo de los militares.

De hecho, una de las primeras acciones de la junta fue publicar una Carta de Transición apenas dos semanas después del golpe en la que se prohibía a los miembros de las autoridades de transición presentarse a futuras elecciones, tras lo que Doumbouya juró el cargo como presidente interino el 1 de octubre de 2021, con la promesa de devolver el poder a los civiles.

Sin embargo, apenas unos meses después, en abril de 2022, la junta se saltó el límite dado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para la presentación de un calendario de transición, dando un mes después el paso de prohibir las protestas que se sucedían para exigir a Doumbouya la publicación de unos plazos claros para la celebración de las elecciones, respondidas con la disolución de la principal coalición opositora en agosto de ese año.

Ante la creciente presión, Conakry aceptó una propuesta de la CEDEAO para una transición de dos años, con un acuerdo para celebrar elecciones a finales de 2024, algo que finalmente no tuvo lugar debido a lo que la junta argumentó como problemas a la hora de organizar la votación, en medio de un incremento de la represión durante 2023, con decenas de muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, Doumbouya prometió en su discurso de Año Nuevo, este 1 de enero, que 2025 sería un año clave a nivel electoral y la junta afirmó que esta batería de votaciones arrancaría con el referéndum, pese a lo cual mantuvo la mano dura contra la oposición, con denuncias continuadas sobre detenciones y desapariciones forzosas de opositores y periodistas, entre ellos Oumar Sylla y Habib Marouane Camara.

A ello se suma la decisión en agosto de renovar la suspensión durante tres meses de los principales partidos opositores, lo que les impedirá participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales, que deberían celebrarse antes de que termine el año, si bien algunos críticos apuntan a la posibilidad de que Doumbouya intenta aplazar nuevamente estas votaciones.

En este contexto, uno de los puntos conflictivos del proyecto de Constitución que será sometido a votación es el hecho de que no prohíba a los miembros de la junta presentarse a las próximas elecciones, en violación de la Carta de Transición y abriendo la puerta a Doumbouya para intentar consolidarse en el poder en medio de la represión contra la oposición.

El texto que será sometido a votación fue presentado en junio a Doumbouya por el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT) –el Parlamento de transición–, Dansa Kourouma, e incluye propuestas como la creación de un Alto Tribunal de Justicia para juzgar a altos cargos políticos para luchar contra la impunidad.

Asimismo, contempla la creación de un Senado para romper con el Parlamentario unicameral existente en la actualidad, si bien existen suspicacias debido a que uno de los artículos recoge que los candidatos a los escaños deben ser miembros de un partido político legal, lo que supondría una barrera a la oposición ante las reiteradas suspensiones y prohibiciones de sus actividades.

El proyecto aumenta el mandato presidencial de cinco a siete años, renovable una única vez, al tiempo que da al Ejecutivo un peso importante sobre el legislativo, ya que un tercio de los senadores serían elegidos a dedo por el presidente, mientras que el resto serían designados por consejos regionales y comunales ahora en manos de personas puestas en sus cargos por la propia junta.

Además, estipula que los candidatos a puestos públicos deben tener entre 40 y 80 años de edad y residir en Guinea, lo que excluiría de los comicios a Condé, de 87 años y en el exilio en Estambul, y al líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), Cellou Dalein Diallo, de 73 años y en el exilio entre Senegal y Costa de Marfil, en caso de que anunciaran su intención de presentarse a las próximas elecciones.

Por otra parte, contempla el establecimiento de un sistema de cuotas obligatorias que fija en al menos el 30 por ciento el número de mujeres que deben ser parte de organismos electos y de toma de decisiones, en un intento por estrechar la brecha de género en el país africano.

La campaña represiva denunciada por la oposición incluye la disolución o suspensión de decenas de partidos, entre ellos la UFGD de Diallo, lo que ha provocado dudas sobre la legitimidad de los resultados, que se verán además afectados por el llamamiento al boicot formulado esta misma semana por el propio Diallo.

Además, las autoridades han llevado a cabo una oleada de detenciones y desapariciones que deja decenas de figuras destacadas en paradero desconocido, entre ellas el antiguo jefe de la oficina del Ministerio de Minas durante el gobierno de Condé, Saadou Nimaga, así como importantes opositores como Sylla, alias ‘Foniké Mengué’, y Mamadou Billo Bah, vistos por última vez en julio de 2024.

En este contexto, Diallo hizo el lunes un llamamiento a boicotear el referéndum y dijo que la UFGD «no participará en esta farsa de referéndum, destinado a favorecer la comisión de un perjurio y a legitimar un golpe de Estado», al tiempo que llamó a la población que «permanezca en sus casas el 21 de septiembre y se abstengan de votar».

«Incluso si votan ‘no’, su voto será contado como un ‘sí’. No se asocien con este robo planeado del sufragio de los guineanos», sostuvo. «Pido a todos los guineanos que se opongan de forma decidida a la instauración de una nueva tiranía en nuestro país», esgrimió, antes de reclamar a los guineanos «no ser cómplices en la voluntad de confiscar la soberanía del pueblo a la hora de elegir libremente a sus dirigentes».

Diallo aprovechó su discurso, publicado en su cuenta en la red social Facebook, para criticar a la junta por arrogarse el poder y no impulsar una democratización después del golpe de Estado, del que dijo que fue «una fecha que debió ser fundadora» para «la apertura de una nueva página». «La promesa de renovación se convirtió en traición», denunció, antes de acusar a la junta de matar a manifestantes y llenar las prisiones de «detenidos políticos».

El país afronta así la votación ante el riesgo de una mayor desestabilización y ante los intentos de la junta de trasladar a la población que las reformas y medidas aprobadas tras la caída de Condé permitirán al país salir adelante y mejorar su situación socioeconómica, en el marco de un historial de crisis y gobernanza represiva durante las últimas décadas.