
Gambia aplaude el «histórico» fallo de la CIJ condenando a Birmania por genocidio contra la minoría rohingya
Publicado 20 Nov 2026 10:29
El país, que llevó en 2019 a Birmania ante el tribunal, reclama a las autoridades birmanas que «cumplan plenamente» una sentencia «definitiva y vinculante»
Las autoridades de Gambia han aplaudido el «histórico» fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenando a Birmania por cometer un genocidio contra la minoría rohingya del país, en el cierre de un caso abierto por la demanda presentada precisamente por el país africano ante el tribunal internacional.
«El Gobierno y el pueblo de Gambia acogen con profunda satisfacción la sentencia dictada por la CIJ en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio», ha señalado la oficina del presidente gambiano, Adama Barrow, en un comunicado publicado a través de redes sociales, en el que ha remarcado que se trata de «un día histórico para la justicia internacional».
Así, ha resaltado que «por primera vez, el principal órgano judicial de Naciones Unidas ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio». «La corte ha determinado que Birmania cometió genocidio contra los rohingyas, incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, y ha ordenado a Birmania que proceda al pago de reparaciones», ha manifestado.
Barrow ha recordado que Gambia inició los procedimientos en 2019 con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), antes de argüir que «la obligación de prevenir y sancionar el genocidio es compartida por todos los Estados parte de la convención». «Como nación que también ha buscado justicia tras sufrir graves abusos, no podíamos permanecer de brazos cruzados», ha esgrimido.
En esta línea, el mandatario gambiano ha rendido homenaje a «la valentía de los supervivientes y testigos rohingyas, cuyo testimonio hizo posible este resultado». «Su perseverancia ha sido reivindicada», ha explicado, antes de hacer hincapié en que «la sentencia es definitiva y vinculante» y pedir a las autoridades birmanas que «la cumplan plenamente y sin demora».
«Hacemos un llamamiento a Naciones Unidas, a la OCI y a la comunidad internacional en su conjunto para que apoyen su plena aplicación», ha puntualizado, antes de aplaudir la labor del ministro de Justicia de Gambia, Dawa Jallow, a su predecesor, Abubacarr Tambadou, y al equipo jurídico gambiano «por su competencia y dedicación inquebrantable a lo largo de los últimos siete años, llenando de orgullo a toda la nación».
«Gambia mantiene firme su compromiso con el Derecho Internacional, la resolución pacífica de controversias y la rendición de cuentas por las atrocidades, dondequiera que estas ocurran», ha zanjado tras el fallo, en el que la CIJ condenó al país asiático por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.
La corte resolvió que miles de estos civiles rohingyas fueron «asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza» en 2017, tal y como anunció el juez Yuji Iwasawa, que reconoció también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.
«Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida», denunció el juez, que aclaró que «el contexto que rodeó las operaciones de limpieza de 2017 creó un ambiente propicio para la violencia perpetrada durante dichas operaciones por las fuerzas de seguridad y constituyó la base de la intención de Birmania de destruir a una parte de este grupo».
La votación se decidió con nueve votos a favor y seis en contra. Además, los jueces concluyeron que las autoridades que gobernaban entonces el país asiático «violaron sus obligaciones de evitar el genocidio» contra estos individuos por parte de miembros de sus Fuerzas Armadas, al tiempo que determinaron que se vulneró la obligación de «castigar el genocidio y otros actos recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio».
Las operaciones en cuestión comenzaron en 2016 tras varios ataques perpetrados por rebeldes del ARSA contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese mismo año, los militares lanzaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, la cual provocó denuncias por parte de Naciones Unidas sobre graves abusos de los Derechos Humanos.
La situación fue escalando hasta que en agosto de 2017 las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una gran operación militar que se saldó con miles de muertos y provocó un éxodo masivo de unas 700.000 personas hacia Bangladesh –donde residen ahora más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas distribuidos en más de una treintena de campamentos del distrito de Cox’s Bazar–.
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