El TPI ordena a un exlíder islamista de Malí vinculado a Al Qaeda el pago 7,2 millones de euros en reparaciones

MADRID 29 Abr. –

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ordenado este martes al que fuera uno de los líderes del grupo islamista maliense Ansar Dine, Al Hassan ag Abdoul Aziz ag Mohamed ag Mahmud, también conocido como Abdulaziz al Hassan, a pagar más de 7,2 millones de euros en concepto de reparaciones a su víctimas, en el marco del caso por el cual fue declarado culpable en 2024 de delitos de tortura entre abril de 2012 y enero de 2013 cuando estuvo al frente de la Policía Islámica de esta organización afiliada a Al Qaeda.

«La sala señala que, al haberse declarado al señor Al Hassan responsable de los delitos que causaron daños a las víctimas, tal y como se establece en la resolución, este debe asumir la responsabilidad económica de los gastos derivados de la reparación de dichos daños», ha resuelto la jueza Kimberly Prost durante su intervención en la sala de La Haya.

Concretamente, Al Hassan, es culpable de persecución por motivos religiosos, tortura, mutilación y otros actos considerados inhumanos, trato cruel, atentados contra la dignidad personas e imposición de penas sin sentencia previa dictada por un tribunal debidamente constituido que ofreciera todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables, ha señalado el TPI en una nota de prensa.

A la luz de la naturaleza y «alcance del daño sufrido» por cuenta de estos crímenes por los que fue condenado el maliense, el tribunal ha justificado su decisión apoyándose en el número de víctimas con derecho a indemnización, que ha estimado en unas 65.202 personas; en la necesidad de una prestación eficiente y eficaz de reparaciones, y la necesidad de «no causar daño» a la población de Tombuctú, ciudad del norte de Malí que fue invadida por Ansar Dine en el año 2012.

Sin embargo, dada la situación financiera del condenado, las reparaciones serán ejecutadas a través del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, cuya misión es apoyar e implementar programas que aborden los daños derivados de genocidios o crímenes de lesa humanidad y guerra a través de la implementación de las reparaciones ordenadas por el TPI o del apoyo físico, psicológico y material a los damnificados y sus familiares.

Del mismo modo, la sala ha invitado al referido fondo a utilizar también recursos para «complementar» la indemnización ordenada y a emprender iniciativas adicionales de recaudación de fondos en aras de «cubrir la totalidad de la indemnización».

Como próximos pasos, el TPI ha encargado al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas la elaboración de un proyecto de plan de ejecución con los detalles de las medidas de rehabilitación, así como de las medidas simbólicas y de satisfacción. El mismo habrá de ser presentado ante la sala para su aprobación antes del 25 de enero de 2027.

No obstante, cabe señalar que esta orden de reparación podrá ser apelada por la defensa y los representantes legales de las víctimas, de acuerdo con lo plasmado en el comunicado de prensa emitido este martes por el TPI.

Con relación a las medidas de rehabilitación colectiva, la sala ha dictaminado que habrán de incluir el apoyo socieconómico, programas educativos o de formación y apoyo psicológico. Todo ello, reconociendo que las mujeres y niñas han sido objeto de «perjuicio moral y material especial» derivado del delito de persecución, por lo que ha considerado que ello deberá reflejarse en el diseño y ejecución de los proyectos e iniciativas a elaborar.

«Las víctimas de delitos distintos de la persecución, así como otras víctimas de persecución que sufrieron actos equivalentes a tortura, mutilación, otros actos inhumanos, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal, y que experimentaron daños físicos y psicológicos, se beneficiarán de un apoyo más individualizado, en forma de programas de rehabilitación», recalca la comunicación del TPI.

Asimismo, la sala ha concedido medidas colectivas simbólicas y de satisfacción para reconocer las violaciones de los derechos de las víctimas, salvaguardar su dignidad y promover la cohesión, reconciliación, reducción de la tensión en la comunidad y la conmemoración. Es por esto que la sala ha considerado que el reconocimiento público del daño sufrido a través de la sentencia del juicio, la resolución de imposición de penas y la orden de reparaciones, también constituyen una medida de satisfacción para los damnificados.