El Senado aprueba una reforma de la ley de glaciares que reduce la protección y facilita la inversión minera

MADRID 27 Feb. –

El Senado de Argentina ha aprobado este jueves una reforma a la ley de glaciares que reduce las zonas protegidas y permite nuevas inversiones mineras en áreas salvaguardadas por el momento por la legislación vigente, a la espera de que la Cámara de Diputados lleve a cabo su votación sobre el texto.

Con 40 votos a favor, 31 en contra y apenas una abstención, según ha recogido el diario ‘La Nación’, el oficialismo se ha anotado una victoria en forma de media sanción a la reforma de la ley de glaciares, ahora pendiente de la valoración que hagan los diputados y, si estos le dieran luz verde al proyecto, de la firma del presidente del país, Javier Milei.

La presidenta del Senado, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y una de las principales aliadas del mandatario, ha defendido la reforma como una muestra de que Argentina «es un país que cuida a sus provincias», alegando que para la ley vigente «proteger ha sido paralizar».

«Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente», ha manifestado.

El proyecto, en concreto, busca distinguir el área periglaciar de las llamadas «geoformas periglaciales» que supongan reservas estratégicas de recursos, lo que limita la protección a las zonas circundantes de los glaciares que tienen una función hídrica relevante, una premisa criticada por la senadora del Partido Justicialista Anabel Fernández Sagasti, que ha cuestionado la redacción alegando que «no da seguridad jurídica y no fija criterios técnicos para todas las provincias».

Con todo, el senador responsable de informar acerca del proyecto en la Cámara Alta, Agustín Coto (La Libertad Avanza), ha defendido el texto, destacando novedades como «que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional», frente a una legislación vigente «que desconoce la diversidad del país».