El plan para Gaza reaviva el debate de la solución de dos estados y la autodeterminación del pueblo palestino

El jurista Ardi Imseis, que participó en los casos ante la CIJ, alega que Palestina ya existe jurídicamente al margen del veto de EEUU

El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza ha reavivado el debate sobre la solución de dos estados. Pese a que más de una decena de países se han sumado en los últimos meses al reconocimiento de Palestina como Estado, la ‘hoja de ruta’ formulada por el presidente Donald Trump plantea serias dudas sobre la autodeterminación del pueblo palestino y la gobernanza de los territorios ocupados.

Hamás, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se han negado a aceptar el establecimiento en Gaza de un gobierno de transición temporal formado por tecnócratas palestinos y bajo supervisión de una junta internacional encabezada por el magnate republicano, así como por el ex primer ministro Tony Blair, entre otras figuras políticas.

Las tres principales facciones del enclave han propuesto un liderazgo independiente para Gaza en vez de una administración tutelada que tiene previsto ostentar el poder hasta que la Autoridad Palestina haya completado un complejo programa de reformas con vistas a afianzar, de cara al futuro, un gobierno unificado bajo su mandato.

Por contra, Israel ha insistido en la necesidad de que, una vez que se complete la primera fase de canje de rehenes por presos, las milicias se desarmen y se lleve a cabo un proceso de desmilitarización, además de desmantelar toda la infraestructura militar, incluyendo los túneles.

Para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Queen’s de Canadá, Ardi Imseis, el acuerdo es un «plan neocolonial» que «nada tiene que ver con la paz» y supone un «diktat» por parte de Washington, ya que el texto no se ha elaborado «en consulta con el pueblo palestino».

«No hace referencia al Derecho Internacional. Tampoco se menciona el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación ni a su condición de Estado», ha señalado en declaraciones a Europa Press, agregando que no define «a la potencia ocupante» ni le exige retirarse de los territorios ocupados desde junio de 1967.

El acuerdo firmado bajo la atenta mirada de decenas de líderes en la localidad egipcia de Sharm el Sheij contempla en uno de sus 20 puntos que una vez que sean liberados todos los rehenes secuestrados por las milicias desde el 7 de octubre de 2023, tanto vivos como muertos, el Ejército se retirará a una línea pactada dentro de Gaza.

«¿Es Hamás quien lo decide? ¿Son los militares sobre el terreno? ¿Es la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que representa al pueblo palestino? La vaguedad del lenguaje es deliberada y eso se debe a que Israel no tiene ninguna intención de abandonar el territorio», ha argüido el jurista, que ha participado esta semana en una conferencia en la Casa Árabe de Madrid.

Esa ambigüedad tiene como objetivo «demorar e incumplir los compromisos pactados» dentro del acuerdo mientras, en paralelo, sigue colonizando el territorio y acelerando la construcción de asentamientos a fin de impedir el establecimiento de un Estado palestino «libre y soberano».

«Israel lleva meses en contacto con otros estados para intentar que acepten acoger a palestinos de Gaza, ya que los israelíes desean y codician abiertamente toda la Palestina ocupada. Quieren la tierra sin los palestinos. Este plan de Trump no va a cambiar esos objetivos», ha sentenciado.

Al margen del plan para Gaza, Imseis señala que no formar parte de la ONU no implica que un país no exista jurídicamente y ha recordado que hay Estados como El Vaticano que, al igual que Palestina, son observadores permanentes dentro de la organización internacional.

«Suiza no fue miembro de la ONU durante muchos años. Lo mismo ocurrió con Austria, que no formaba parte de Naciones Unidas, pero pese a ello eran estados», ha dicho el experto, agregando que aunque «Estados Unidos esté abusando de su poder de veto» en el Consejo de Seguridad para impedir a Palestina convertirse en miembro, este ya cumple con los principales criterios para ser un Estado.

En concreto, la Convención de Montevideo de 1933 fija cuatro principios para obtener la condición de Estado en virtud del Derecho Internacional: una población permanente, un territorio concreto, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados.

Casi 160 países han reconocido oficialmente a Palestina como Estado ante la ONU. Los últimos en hacerlo fueron un nutrido grupo de Estados occidentales que, en un gesto simbólico y coordinado, buscaban condenar la situación en Gaza y refrendar la Declaración de Nueva York impulsada por Francia y Arabia Saudí en favor de la autodeterminación del pueblo palestino.

«Eso significa que reconocen su integridad territorial y el principio de no injerencia en sus asuntos internos. Todos los Estados disfrutan de estos principios», ha explicado, agregando que esto implica que se comprometen a dejar de apoyar la ocupación israelí sobre el territorio palestino.

El jurista –que ha participado en los casos contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)– ha afirmado además que no se puede «empezar la casa por el tejado» y exigir a los palestinos que «apliquen las mejores prácticas democráticas y garanticen la seguridad de la potencia ocupante», teniendo en cuenta que se encuentran «bajo un sistema de apartheid» y un «régimen colonial y genocida».

«Supongamos que Francia invade España y la controla durante 60 años, despojándola de su población y trasladando franceses a Madrid, Barcelona o Bilbao. Reclama la soberanía del territorio, pero luego permite cierta autoridad a los catalanes, bilbaínos y madrileños. ¿Es razonable exigir a las autoridades españolas en esas circunstancias reformas o elecciones libres y justas cuando los franceses no han abandonado el territorio?», ha planteado.

El experto ha instado a los países a imponer «sanciones diplomáticas, militares y económicas» contra Israel hasta que cumpla con sus obligaciones internacionales, si bien ha resaltado que la presión en las calles o el boicot también son medidas efectivas.

«El movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, basado en el boicot, la desinversión y las sanciones, utilizó esas herramientas para presionar a terceros Estados a que no interactuasen con el régimen del apartheid», ha dicho, recordando el triunfo del veto en eventos culturales y deportivos.

Imseis ha subrayado que la «desionización» de la población israelí es un «requisito imprescindible» para poder hablar de «paz». «Todas las políticas militares, financieras, diplomáticas o sociales de todos los gobiernos desde la creación de Israel en 1948 se han centrado en expulsar a la población indígena del territorio y reemplazarla con judíos. Lo que estamos viendo en Gaza no es diferente», ha sentenciado.

Asimismo, ha indicado que la sociedad israelí «no quiere admitir lo que ocurrió en 1948». «Viven en tierras robadas, usan agua robada y comen fruta robada», ha explicado, refiriéndose a que la comunidad judía poseía solo el 5,6 por ciento del territorio antes de la creación de Israel.

«El resto era propiedad de palestinos: bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, obras de arte, casas, terrenos. ¿Qué pasó con esas propiedades? Fueron confiscadas y pasaron a manos judías. A la gente se le prohibió regresar. Fueron desnacionalizados», ha resaltado, agregando que el derecho al retorno se aplica a todos los refugiados.

El jurista ha asegurado que la sociedad israelí está cimentada sobre «el robo» histórico de las propiedades palestinas, una cuestión enormemente documentada por la ONU. «No quieren lidiar con este pecado original. No se preguntan sobre las políticas que han desencadenado esto (el 7 de octubre de 2023)», ha zanjado.