El plan de Trump en Gaza da a luz dos organismos gestores en medio de la incertidumbre sobre sus labores

La comunidad internacional acoge con escepticismo la Junta de Paz ante la posibilidad de que sea usada para puentear a la ONU

El acuerdo alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para iniciar la aplicación de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza ha abierto una nueva página durante los últimos días con los pasos para configurar la Junta de Paz liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el comité tecnócrata que gestionará la próxima etapa en coordinación con el citado organismo, muy cuestionado internacionalmente.

El plan fue respaldado en noviembre de 2025 a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le dio legitimidad internacional, con el objetivo declarado de supervisar la reconstrucción de Gaza, que sufrió una enorme destrucción por la cruenta ofensiva de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, y un proceso de desmilitarización y traspaso de competencias que aparte del poder a Hamás.

Trump ha desvelado los nombres de algunos de los integrantes del «comité ejecutivo» de la Junta, entre los que figuran él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio; su enviado especial, Steve Witkoff; el yerno del magnate, Jared Kushner; y el ex primer ministro británico Tony Blair; al tiempo que ha enviado invitaciones a numerosos líderes mundiales, si bien solo unos pocos han respondido positivamente.

La propuesta del inquilino de la Casa Blanca, que aspira a expandir la Junta de Paz para convertirla en «una organización internacional» que promueva la paz «en áreas afectadas o amenazas por el conflicto» –algo visto como un esfuerzo por socavar a la propia ONU–, ha provocado suspicacias y ha llevado a numerosos líderes a no aceptar la invitación. De hecho, hasta ahora solo han aceptado Albania, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.

Sin embargo, una de las figuras más polémicas es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha afirmado que también se unirá al organismo, a pesar de que no pudo acudir a la firma oficial en la ciudad suiza de Davos precisamente porque pesa sobre él una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por acusaciones de crímenes de guerra durante la ofensiva contra Gaza.

Por su parte, diversos países han evitado pronunciarse sobre si aceptarán –entre ellos, Rusia y Ucrania–, mientras que otros han afirmado que no se sumarán, entre ellos Suecia, Francia, Noruega y España, cuyo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la decisión deriva de la «coherencia», dado que la Junta «está fuera del marco de Naciones Unidas» y «no ha incluido a la Autoridad Palestina».

Uno de los puntos fundamentales del plan de Estados Unidos pasa por la reconstrucción de Gaza, para lo cual Kushner ha presentado en Davos una visión que incluye la conversión «en tres años» del enclave en un destino turístico plagado de rascacielos, algo que parece poco probable dado el nivel de daños y la gravísima crisis humanitaria que sufre la población, que figura como prioridad para las ONG y la ONU.

Kushner ha sostenido que la reconstrucción depende en gran medida de la «seguridad», algo que es un gran condicionante, especialmente ante los esfuerzos de desarmar a Hamás, al tiempo que ha evitado pronunciarse cómo se abordarán asuntos como el desminado y retirada de explosivos lanzados por Israel y dónde vivirán –y en qué condiciones– los cientos de miles de desplazados por la ofensiva.

El mapa expuesto por el yerno de Trump incluye además que el enclave acogerá un puerto, un aeropuerto, 180 torres para fines turísticos, complejos industriales repartidos entre la «Nueva Gaza» y la «Nueva Rafá», al tiempo que contempla la creación de más de 500.000 puestos de trabajo en diversos sectores, igualmente sin detalles sobre cómo se materializaría ni cuándo.

A las dudas sobre las funciones del organismo y la falta de claridad sobre su papel y el hecho de que el propio Trump haya dicho que «podría» reemplazar a la ONU, se suman que el presidente de Estados Unidos figure como presidente «vitalicio» del mismo y la exigencia del pago de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) para conseguir un puesto permanente.

Fuentes de la Casa Blanca consultadas por Europa Press aseguraron esta misma semana que «no hay un requisito» para realizar esta contribución por parte de los miembros –que si no la hacen tendrán un mandato de tres años– y que estos fondos «serán usados directamente» para acometer los esfuerzos de reconstrucción del enclave palestino.

En este contexto, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha hecho hincapié en la importancia de que la Junta de Paz «presione a la ocupación para que ponga fin a sus violaciones del acuerdo de alto el fuego y reabra los pasos fronterizos» para permitir la entrada de ayuda, en el marco de sus llamamientos a una aplicación total de lo pactado y de activar la segunda fase del acuerdo.

Qasem ha destacado que la creación del organismo «sigue rodeado de preguntas fundamentales sobre su contenido práctico, el alcance de su compromiso a la hora de forzar a la ocupación israelí a detener sus violaciones y el hecho de que no sea convertido en un paraguas destinado a proteger únicamente la seguridad de Israel».

El grupo ha tildado de «inaceptable» que «un criminal de guerra sea miembro del Consejo de Paz», en referencia a Netanyahu, antes de alertar de que «su participación le da una cobertura para escapar a una rendición de cuentas por el genocidio cometido en la Franja de Gaza», al tiempo que ha apostado por un diálogo con otras fuerzas palestinas para acometer «la próxima etapa» y lograr un proceso que no esté limitado «por la visión israelí».

En esta etapa está previsto que tenga un papel relevante el comité tecnócrata integrado por diversas figuras palestinas, conocido oficialmente como Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que debería asumir competencias en la Franja para garantizar la entrega de servicios a la población, con apoyo de la Autoridad Palestina y la comunidad internacional.

El CNAG estará encabezado por Alí Shaath, un economista palestino y exviceministro de la Autoridad Palestina, quien firmó la semana pasada los principios rectores de la comisión que se centrarán en la reconstrucción de la Franja en base a «la paz, la democracia y la justicia», tras lo que las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, mostraron su «total disposición» a un traspaso de competencias.

Entre los objetivos del CNAG está también «restablecer los servicios esenciales que constituyen la base de la dignidad humana» –para lo que será clave que Israel retire las restricciones y permita la apertura de pasos fronterizos, con la reapertura del de Rafá prevista para la semana que viene–, así como sentar las bases para una «economía productiva» que abra e camino para «una prosperidad palestina duradera».

Está por ver sin embargo cómo se estructurará la cooperación entre el CNAG y la Junta de Paz, así como el peso real que pueda jugar en estos esfuerzos Saath, nacido en Jan Yunis y parte de un clan con lazos con la Autoridad Palestina, que ha exigido estar al frente de la gestión de los Territorios Palestinos Ocupados –incluida Gaza– de cara al futuro establecimiento del Estado de Palestina, una opción que figura como parte de los esfuerzos del plan de Trump, pese al rechazo frontal de Israel.