El Parlamento rechaza juzgar a dos ministros por liberar a un general libio acusado de crímenes de guerra

MADRID 9 Oct. –

El Parlamento de Italia ha rechazado este jueves abrir procedimientos judiciales contra los ministros de Justicia e Interior, Carlo Nordio y Matteo Piantedosi, además del secretario de Estado Alfredo Mantovano, por liberar al general libio Osama al Masri, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la comisión de presuntos crímenes de guerra.

Los diputados han votado en contra de juzgar a estos tres altos cargos, que se han visto salpicados por el conocido caso relacionado con el caudillo libio, que fue arrestado en Italia y posteriormente deportado a su país de origen, en vez de entregado al TPI.

Los tres han dado las gracias a la primera ministra, Giorgia Meloni, por su apoyo, al tiempo que han criticado la actitud de los jueces, a los que han acusado de «tirar a la basura el Código Penal italiano», según informaciones recogidas por el diario ‘La Repubblica’.

La propia Justicia italiana había solicitado al Parlamento abrir un proceso judicial contra los tres en relación con un caso que se remonta a enero, cuando Al Masri –acusado de cometer abusos y violaciones de los Derechos Humanos en Libia, donde estaba al frente de un centro de detención– fue detenido en un hotel de Turín y posteriormente deportado a Trípoli en un vuelo estatal.

En un informe de 90 páginas, los jueces reconstruían en orden cronológico los hechos y concluían que los tres funcionarios ayudaron «consciente y voluntariamente» a Al Masri, que formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), a evadir la orden de arresto del TPI.

Piantedosi y Nordio estaban acusados de complicidad agravada, mientras que tanto Mantovano como el citado ministro del Interior han sido señalados por malversación agravada.

Los crímenes cometidos habrían tenido lugar en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento inmoral y homosexualidad, así como por su presunto apoyo a otros grupos armados.

El TPI pidió explicaciones a las autoridades por este caso y recordó a Italia que el Estatuto de Roma recoge «el deber de todos los Estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes», lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.