El Gobierno palestino condena la revocación de las licencias de ONG y dice que Israel «no quiere testigos»

MSF asegura que ha cumplimentado la documentación requerida por Israel para trabajar en Gaza

El Gobierno palestino ha condenado sin paliativos la entrada en vigor de la orden de revocación promulgada por Israel a la actividad de la ONG en Gaza, una medida «arbitraria» con el objetivo último de eliminar «testigos» que puedan denunciar violaciones del derecho Internacional.

«Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra», ha denunciado el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado publicado este miércoles.

«Las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, al detener la labor de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales», añade.

La Autoridad Palestina señala además que «Israel no desea testigos de sus crímenes» y que esta decisión no es más que otra parte de su plan para destruir «ámbitos vitales» como «la protección infantil, la salud, la educación, el agua, los refugiados y otros sectores humanitarios fundamentales para la causa palestina».

En un comunicado publicado este miércoles, Médicos sin Fronteras (MSF) ha protestado contra la revocación y asegurado que cumplía con todos los requisitos pedidos por Israel, que por otro lado nunca llegó a proporcionar «criterios ni garantías claros» al respecto.

«La coordinadora de Emergencias de MSF, Claire San Filippo, señala que los informes que sugieren que MSF no ha cumplido con el proceso de registro en Gaza son inexactos. «Hemos estado plenamente involucrados desde julio de 2025 y hemos presentado la mayor parte de la información requerida», ha indicado.

MSF ha rechazado también de manera categórica las acusaciones israelíes de que mantiene vínculos con grupos armados.

«MSF se toma estas acusaciones muy en serio. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace», lamenta la organización.