El Gobierno israelí abre una posible crisis constitucional al rechazar una decisión del Tribunal Supremo

El Ejecutivo desacata una decisión de la más alta instancia judicial sobre la autoridad reguladora de radio y TV

El Gobierno de Israel ha anunciado este domingo su rechazo a una decisión del Tribunal Supremo del país sobre las actividades de la comisión que regula a la radiotelevisión comercial en la apertura de una posible crisis constitucional.

El Tribunal Supremo dictaminó en mayo la suspensión del Consejo de la Segunda Autoridad, organismo regulador de la radiodifusión comercial, después de que organizaciones como la Unión de Periodistas de Israel denunciaran ciertos nombramientos controvertidos realizados por el Gobierno.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, fue acusado por estas organizaciones de imponer miembros afines al Ejecutivo, incluyendo a Ben-Hai Segev como presidenta, a pesar de que ésta se encontraba en el centro de múltiples conflictos de intereses vinculados a sus anteriores funciones en la industria y a su implicación en el juicio por corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El Supremo, el mes pasado, acabó decidiendo que la comisión podría seguir funcionando de todas maneras a pesar de la ausencia de los miembros que el Gobierno pretendía imponer, según los críticos. El Ejecutivo israelí entiende que el dictamen ignora el requisito indispensable de que la autoridad necesita de un quórum de dos terceras partes de sus miembros para funcionar, algo que ahora mismo no existe.

El propio Karhi y el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, han respondido finalmente en redes sociales este domingo que, en una decisión que describieron como «un paso histórico para devolver el Estado judío y democrático al pueblo», el Gobierno ha determinado que «la decisión del Tribunal Supremo con respecto a la Segunda Autoridad es ilegal, y las acciones tomadas en virtud de ella son ilegales».

El Gobierno esgrime que el alto tribunal ha cometido un abuso de poder y suplantado al Parlamento del país en sus funciones. «El estado de derecho no es el estado de derecho de los jueces», ha declarado Karhi.