El Gobierno de Marruecos propone reformas y un aumento de los presupuestos para educación y sanidad

El proyecto presentado al Parlamento incluye facilitar la entrada en política de los jóvenes y aumentar la representación de las mujeres

El Gobierno de Marruecos ha presentado una batería de propuestas para una serie de reformas institucionales y un aumento de los presupuestos para proyectos en educación y sanidad, tras las últimas semanas de manifestaciones por el deterioro de los servicios públicos en el país africano, unas movilizaciones que se han saldado con al menos tres muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

El Gabinete Real ha señalado que la reunión del Consejo de Ministros, celebrada el domingo en el Palacio Real de Rabat, estuvo encabezada por Mohamed VI y estuvo dedicada al examen del proyecto de ley de Finanzas para 2026 –presentado al monarca por la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fetá–, aprobación de proyectos de ley y el nombramiento de varios altos cargos.

La ministra, que especificó que el proyecto ha sido elaborado siguiendo las instrucciones del monarca, parte de la base de que se espera que la economía de Marruecos registre este año «un crecimiento del 4,8 por ciento», con una inflación del 1,1 por ciento a finales de agosto y «una recuperación continua del déficit presupuestario, que se situará en el 3,5 por ciento del PIB».

Así, defendió que el proyecto busca «lograr un desarrollo nacional que combine justicia social y desarrollo territorial integrado, beneficiando a toda la población en igualdad de condiciones», incluido un aumento del gasto en educación y sanidad hasta los 140.000 millones de dirhams (cerca de 13.100 millones de euros), además de «la creación de más de 27.000 puestos presupuestarios en favor de los dos sectores».

En lo relativo a la sanidad, el Gobierno espera hacer hincapié en «la mejora de la oferta de infraestructuras sanitarias», incluida la finalización de las obras y la puesta en marcha de seis hospitales y la «modernización y renovación» de otros 90, mientras que en educación «se acelerará aplicación de la reforma del sistema educativo, mediante la aceleración de la generalización de la enseñanza preescolar, el refuerzo de los servicios de apoyo a la escolarización y la mejora de la calidad de la enseñanza».

Fetá incidió además que el objetivo es «consolidar los logros económicos a fin de reforzar la posición del país entre las naciones emergentes», para lo cual se «estimularán» las inversiones privadas, con «atención particular» a las microempresas y las pymes, al tiempo que «se intensificarán los esfuerzos para la inserción de los jóvenes y las mujeres en el mundo laboral».

En esta línea, prometió «el lanzamiento de la nueva generación de programas de desarrollo territorial integrado», con «especial atención a las regiones en situación de gran precariedad», al tiempo que se pondrá en marcha un programa de ayuda social que beneficiará a cuatro millones de hogares en el país, incluida una revalorización de los importes mensuales de la ayuda por hijo para los tres primeros, acompañado de la activación de una ayuda destinada a huérfanos y niños abandonados acogidos en los centros de protección social.

La ministra ha desvelado además que entre los objetivos figuran también «la ampliación de la afiliación a los regímenes de pensiones y la generalización de la indemnización por pérdida de empleo», además de «la continuación del programa de ayuda directa para la adquisición de la vivienda principal», tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Por otra parte, el Gobierno ha planteado una serie de medidas para «moralizar» las elecciones legislativas y «garantizar su integridad» para reforzar la legitimidad de las autoridades, al tiempo que se trabajará para que los menores de 35 años entren en política, «revisando y simplificando» las condiciones para la presentación de candidaturas, tanto en el seno de un partido como de forma independiente.

El proyecto, que será sopesado este lunes por el Parlamento, contempla que estas personas cuenten con «importantes incentivos económicos para ayudarles a sufragar los gastos de la campaña electoral, ofreciéndoles una ayuda financiera que cubra el 75 por ciento de los gastos de sus campañas electorales».

Además, el documento propone «reservar las circunscripciones electorales regionales exclusivamente a las mujeres, en apoyo a su presencia en la institución parlamentaria», al tiempo que se «moderniza» el marco jurídico que regula los partidos políticos, con normas para reforzar la participación de mujeres y jóvenes en la creación de formaciones políticas y regular su financiación y contabilidad.

Por otra parte, el texto incluye modificaciones para «mejorar la eficacia» del Tribunal Constitucional con una serie de medidas, entre ellas «la limitación del derecho a interponer recurso contra la celebración y los resultados de las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional electos por las dos cámaras del Parlamento».

El Consejo de Ministros aprobó además el nombramiento de 15 gobernadores provinciales, entre ellos los de Marrakech, Fez, Alhucemas, Casablanca, Chefchauen, sin que por ahora las autoridades marroquíes hayan dado detalles sobre los motivos de estos nombramientos y el cese de sus predecesores.

La reunión del Consejo de Ministros de Marruecos tuvo lugar tras una nueva serie de manifestaciones el sábado para exigir mejoras en la sanidad y la educación públicas, así como la liberación de manifestantes detenidos, tras ocho días de pausa y pese a la creciente fragmentación interna del movimiento de protesta.

Si bien las concentraciones del sábado contaron con menos afluencia que en ocasiones anteriores, los participantes reafirmaron sus demandas sociales y manifestaron su rechazo al enfoque del Gobierno sobre el gasto público, reclamando además la dimisión del primer ministro, Aziz Ajanuch, a quien acusan de corrupción y de desatender las necesidades básicas de la población.

Asimismo, reclamaron la liberación inmediata de las más de 400 personas que han sido arrestadas en el contexto de estas protestas, incluidos los 17 acusados de Agadir que han sido recientemente sentenciados a un total de 162 años de prisión.

La frustración ha crecido especialmente tras la muerte de ocho mujeres en un hospital público de Agadir durante partos, un hecho que ha intensificado la indignación por el estado del sistema sanitario y educativo, especialmente en un momento en el que Marruecos está invirtiendo en infraestructuras para acoger la Copa Mundial de Fútbol de 2030 y la Copa África de Naciones de este mismo año.

En este contexto, el rey Mohamed VI no aludió directamente las protestas en su reciente discurso ante el Parlamento, si bien apuntó que los grandes proyectos de infraestructura y los programas sociales no deben verse como excluyentes, sino como complementarios para el desarrollo nacional, un mensaje percibido como una respuesta indirecta y evasiva frente a las crecientes tensiones sociales.