El Gobierno de Bolivia recurrirá las decisiones judiciales favorables a los acusados por la crisis de 2019

MADRID 28 Ago. –

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este miércoles que recurrirá las decisiones judiciales que en los últimos días han beneficiado a los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, en el marco de las protestas tras la victoria electoral de Evo Morales en octubre de 2019.

Aí lo ha confirmado la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, en declaraciones a la cadena Bolivia TV en las que ha defendido que se trata de una actuación «conforme lo establece la Ley».

«Considerando los fundamentos de la apelación, nosotros, respetuosos de las disposiciones judiciales, esperaremos cuáles son los resultados de esa apelación y, en su caso, de corresponder, realizaremos o analizaremos cuáles las acciones que deberemos seguir», ha agregado.

Saravia ha justificado esta decisión basándose en un informe de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha documentado la comisión de excesos y graves delitos por parte de las fuerzas de seguridad y que establece la «necesidad de evitar dejar en la impunidad, considerando que hablamos de masacres, así lo denomina el informe, con la pérdida de 37 bolivianos y bolivianas».

La expresidenta boliviana fue acusada de ordenar una represión que dejó asimismo más de 200 heridos durante las protestas por la salida de un Evo Morales que, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

Además de en Senkata, en la localidad cochabambina de Sacaba, tuvo lugar otro de los episodios más luctuosos de aquellas crisis. Por este caso, Áñez tendrá que esperar hasta este viernes para conocer cuál es su situación jurídica al respecto tras posponerse la audiencia que iba a tener lugar este martes.

Además de Áñez, la Justicia boliviana falló en las últimas horas en favor del antiguo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien concedió arresto domiciliario, y de su mano derecha, Marco Antonio Pumari, a quien puso en libertad. Ambos fueron acusados de liderar protestas violentas en esta región históricamente hostil a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).