El fiscal de Bolivia advierte de sanciones de la CIDH por los fallos judiciales en favor de Áñez y aliados

MADRID 1 Sep. –

La Fiscalía de Bolivia ha advertido este domingo de que las recientes decisiones judiciales que han beneficiado a la expresidenta Jeanine Añez, y a los dirigentes Luis Camacho y Marco Pumari, en relación con la crisis política tras la victoria electoral de Evo Morales en octubre de 2019 podrían conllevar la imposición de sanciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Con las decisiones que han tomado algunos operadores de Justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que ha sido revisado por estos organismos internacionales, más propiamente la CIDH», ha señalado el fiscal general de Bolivia, Ricardo Condori, en alusión a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Tras investigar la represión ejercida en Senkata, El Alto y otras localidades entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el GIEI determinó que se produjeron violaciones de Derechos Humanos, incluida la muerte de cerca de 40 personas, y formuló un total de 36 recomendaciones destinadas a que las autoridades bolivianas efectuaran investigaciones «serias, efectivas, exhaustivas y diligentes» para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

En este sentido, Condori ha recordado en una entrevista concedida a la cadena Bolivia TV que una de estas recomendaciones es «juzgar y en su caso aplicar las sanciones con las responsabilidades de los documentos y este informe y otros similares; y particularmente esas recomendaciones han sido para el Ministerio Público, para el Órgano Judicial».

Además, ha explicado que ya existe un incumplimiento por parte del Estado, alegando que los eventos encausados tuvieron lugar en 2019 y han pasado cinco años de la investigación, y ha señalado que la responsabilidad en este sentido recae en «todo» el Estado y «todos los que (lo) componen», incluidos la Fiscalía y el Poder Judicial.

«Si el Estado incumple, obviamente se van a venir severas sanciones para el Estado boliviano conforme a la CIDH, de la que nosotros somos parte», ha agregado, mientras el Gobierno ha anunciado que recurrirá las decisiones judiciales que han trascendido en los últimos días.

La expresidenta se encuentra en prisión preventiva y está acusada de ordenar una represión que dejó 37 muertos y más de 200 heridos durante las protestas por la salida del presidente Evo Morales que, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

Mientras, sus aliados políticos el gobernador de la provincia boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y Marco Antonio Pumari, fueron liberados el pasado 29 de agosto. Camacho estuvo casi 1.000 días en la cárcel de Chonchocoro sin sentencia alguna.