El expresidente Uribe formaliza en un juzgado su arresto domiciliario tras su condena a doce años

MADRID 7 Ago. –

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) se ha presentado este miércoles ante un juzgado del país para formalizar su condena a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá haya rechazado hace días ponerlo en libertad, como solicitaba su defensa.

«Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes», ha declarado en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, y en el que muestra lo que parece ser el acta de detención firmada.

El exmandatario conservador,de 73 años, ha asegurado que, pese a cumplir su condena, «continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total».

Además de la prisión domiciliaria, Uribe ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).

El expresidente cumple así la privación de libertad impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, después de que el Tribunal Superior de Bogotá haya rechazado este lunes la petición de su defensa de dejar en suspenso esta medida que considera «grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de» su cliente.

La magistrada ha considerado que Uribe, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.

El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.

Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.