El Colegio Colombiano de Juristas aspectos del proceso contra Uribe y la forma de la sentencia

La defensora del pueblo pide respeto ante las decisiones judiciales y ruega a los partidarios de Uribe que no usen tácticas de intimidación

El Colegio Colombiano de Juristas ha expresado serias dudas sobre la validez de ciertos aspectos de la sentencia promulgada este viernes contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, al entender deficiencias en lo que se refiere en las comunicaciones entre abogado y cliente, así como en la enorme longitud — más de 1.000 páginas — y compleja estructura del fallo.

La organización se declara preocupada por aspectos del proceso que han podido afectar a «derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad».

«En el marco de este proceso, la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica», indican los juristas.

El Colegio Colombiano de Juristas también manifiesta su incomodidad ante «la extensión y estructura» de un fallo «que supera el millar de páginas, plantea un problema de proporcionalidad y eficacia en la motivación judicial».

«La claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios, integran el debido proceso y el principio de publicidad, pues permiten a las partes y a sus defensores ejercer cabalmente los recursos y derechos que la ley les reconoce», añade.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha pedido este sábado a los partidarios del expresidente que, sea cual sea su opinión, respeten «sin intimidación» a los jueces del país, especialmente a la magistrada Sandra Heredia, encargada de pronunciar el dictamen contra Uribe.

«Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional», ha indicado Marín. «Los señalamientos y campañas de desprestigio en contra de jueces y juezas no sólo socavan la independencia judicial sino que pueden llevar ataques violentos en contra de los servidores públicos de los servidores judiciales como ha ocurrido en el pasado», ha añadido.