El alto el fuego en Gaza cumple un año marcado por los ataques de Israel y la falta de avances políticos

La propuesta de paz de Trump no registra avances reseñables mientras la población palestina hace frente a una profunda crisis humanitaria

El acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, alcanzado al hilo de la aceptación por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, cumple este sábado un año desde su firma sin que se haya pasado a su segunda fase y con cerca de 1.500 palestinos muertos y más de 5.100 heridos por ataques israelíes desde entonces.

El pacto, alcanzado tras poco más de dos años de ofensiva militar israelí contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023, tenía como objetivo declarado abrir una nueva página política para avanzar hacia el fin del histórico conflicto en la región, si bien desde entonces se han registrado pocos avances en algunas de las principales cláusulas, una situación fragilizada por la continuada guerra en Oriente Próximo.

El plan de paz, presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e integrado por un total de 20 puntos, derivó en la creación de dos organismos destinados a pilotar el proceso –encabezados por la Junta de Paz–, si bien el proceso político continúa estancado, sin contactos directos entre las partes y con más de dos millones de palestinos viviendo en un territorio devastado y sumido en una profunda crisis humanitaria.

De hecho, el alto el fuego, uno de los elementos centrales de la propuesta, ha estado marcado por ataques diarios por parte de Israel contra Gaza, con más de 1.470 palestinos muertos desde entonces –lo que equivale a cerca de cuatro por día–, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista palestino, que ha acusado a Israel de obstaculizar además la entrada de ayuda y materiales esenciales, otra de las cláusulas del pacto.

Asimismo, las tropas israelíes han ampliado la llamada ‘línea amarilla’, a la que se replegaron a raíz del acuerdo y que ha pasado de cubrir cerca del 51% de la Franja a superar el 60% –algo que, según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mantendrá hasta el desarme de Hamás–, lo que aumenta el hacinamiento de la población, básicamente desplazada en su totalidad a causa de la devastadora ofensiva de Israel.

Netanyahu ha incidido en numerosas ocasiones en la relevancia del primer punto del plan, que contempla que «Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos» y ha afirmado que el Ejército israelí se limita a responder con sus ataques a «amenazas inminentes» a sus fuerzas, al tiempo que ha esgrimido que no se puede avanzar en ningún proceso mientras Hamás no sea «erradicado».

Por contra, otros puntos del acuerdo, como la liberación de los secuestrados y la entrega de cadáveres de rehenes tras los ataques del 7-O, y el trabajo para la creación y despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, sí han sido completados o registrado avances, si bien esto no ha dado paso a un proceso exhaustivo para avanzar en los principales objetivos a nivel político, humanitario o de estabilización.

En este sentido, la Junta de Paz –presidida a perpetuidad por Trump– se ha limitado por ahora a emitir comunicados sobre la situación, mientras que el comité tecnócrata que debía asumir competencia de gobernanza en Gaza de manos de Hamás –que ya ha disuelto sus autoridades de cara a que se materialice el paso– no ha llegado a entrar siquiera en el enclave costero, lo que no ha permitido una transición.

UN ALTO EL FUEGO «NOMINAL»

En este contexto, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales y de defensa de los Derechos Humanos han denunciado este viernes que el alto el fuego es «únicamente nominal», dado que «las fuerzas israelíes siguen matando e hiriendo a palestinos a diario», mientras que «las restricciones a la ayuda, el equipamiento y los materiales de reconstrucción siguen impidiendo que las familias se recuperen».

Las organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), han destacado que las restricciones israelíes «están devastando los servicios esenciales», en una situación en la que ninguno de los 36 hospitales de Gaza está plenamente operativo y con escasez de medicamentos y combustible, a lo que se suma que 1,4 millones de personas hacen frente a niveles de emergencia por hambre.

«Un año después, el patrón es inconfundible. Se sigue matando a familias. Siguen muriendo niños por enfermedades prevenibles. Gaza continúa sembrada de municiones sin explotar. Las viviendas yacen entre escombros que no pueden retirarse, y la ayuda no logra llegar a quienes la necesitan desesperadamente», han explicado las organizaciones firmantes.

«Esto no es lo que se suponía que debía lograr un alto el fuego. Refleja las mismas condiciones que llevaron a la Comisión de Investigación de la ONU a concluir, en dos ocasiones –septiembre de 2025 y junio de 2026– que Israel ha cometido genocidio», han denunciado, antes de incidir en que «la responsabilidad de la comunidad internacional no termina con un acuerdo sobre el papel».

Así, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha esgrimido que «el persistente fracaso a la hora de hacer que Israel rinda cuentas y presionarlo para que cumpla con las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sigue alimentando la comisión de crímenes atroces a gran escala contra los palestinos».

La directora ejecutiva de Save the Children, Inger Ashing, ha argüido además que «un alto el fuego no tiene significado alguno si los niños siguen siendo asesinados y las familias no pueden reconstruir sus vidas», antes de defender que «los niños de Gaza tienen derecho a la seguridad y a un futuro» y que «los gobiernos tienen el poder de ayudar a garantizar ambas cosas, y deben utilizarlo».

¿SEGUNDA FASE O COLAPSO?

La situación ha impedido el paso a la segunda fase del plan de paz de Trump –que llegó a recibir en noviembre de 2025 el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha sido apoyado por numerosos países de la región–, que iba a estar centrado en la transición de un alto el fuego hacia la paz duradera, sin que por ahora haya un camino claro para avanzar, lo que cuestiona la viabilidad de la totalidad de la propuesta.

En esta etapa debería cumplir un papel clave el conocido como Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), encabezado por el tecnócrata Alí Shaaz, que se ha declarado dispuesto a asumir competencias que Hamás –que rige los destinos de la Franja desde 2007, a raíz de los enfrentamientos intrapalestinos por las elecciones del año anterior– ya ha dicho que quiere entregar, sin avance alguno a tal fin.

Esta segunda fase debería derivar además en un mayor repliegue de tropas israelíes de Gaza, una consolidación del alto el fuego, el despliegue de la citada fuerzas internacional y el desarme de Hamás, todos ellos pasos de cara a iniciar la reconstrucción, si bien ninguno de estos puntos parecen cerca de materializarse, incluida la abierta oposición de Israel a varios de ellos, a lo que se suman declaraciones de altos cargos israelíes rechazando la solución de dos Estados e incluso apelando a una «migración forzosa» de palestinos.

Por todo ello, el acuerdo cumple un año sumido en la incertidumbre y entre crecientes denuncias sobre la falta de progresos, limitados por los críticos a una reducción del número de víctimas en Gaza, mientras que unos dos millones de palestinos ven cómo se aproxima un cuarto invierno sumidos en una profunda crisis humanitaria y sin perspectivas reales para avanzar hacia una paz y el establecimiento de un Estado palestino, en línea con la solución de dos Estados apoyada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.