El abogado de Maduro denuncia que el Tesoro impide a Caracas pagar la representación legal del dirigente

Señala que la OFAC otorga licencias para comerciar con Venezuela pero «interfiere» con su capacidad para contratar a un abogado

La defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está «interfiriendo» con la capacidad del mandatario capturado por las autoridades de Estados Unidos para «contratar un abogado» al denegar una licencia sobre las sanciones impuestas al país caribeño para que su Gobierno pueda pagar la representación legal del dirigente.

«Durante la comparecencia inicial y la lectura de cargos, el Tribunal solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos que colaborara con los abogados defensores en relación con las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes con celo y de manera plena», ha señalado el letrado Barry Pollack en una misiva dirigida al juez Alvin Hellerstein, que lleva el caso.

Pollack ha explicado que el 7 de enero, la defensa de Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, presentaron a la OFAC «solicitudes de licencia (que) buscaban específicamente la autorización para representar a sus respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para sus respectivas representaciones», de acuerdo a lo previsto en la legislación venezolana.

Al hilo, el letrado ha relatado que, dos días más tarde, «la OFAC otorgó ambas licencias». «Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin dar explicaciones, modificó la licencia relacionada con la representación de Maduro», ha lamentado, señalando que la versión modificada «no autoriza el cobro de costas de defensa por parte del Gobierno de Venezuela».

En contraste, Pollack ha indicado que la oficina dependiente del Departamento del Tesoro ha otorgado en las últimas semanas «varias licencias que permiten a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela o entidades estatales venezolanas, en las que la denegación de la licencia carecería de validez constitucional». Sin embargo, y pese a que la defensa de Maduro solicitó el 11 de febrero el restablecimiento de la licencia original, la OFAC «no ha respondido» a su petición.

La defensa explicó entonces «que el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de Maduro, que éste tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haría y que, de otra manera, no puede costear un abogado», ha subrayado el abogado del mandatario. Por ello, ha aseverado que, «al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa de Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección».

«El abogado que suscribe ha hablado con los fiscales federales adjuntos asignados a este caso para informarles sobre estos hechos», reza la misiva, en la que Pollack advierte de que «no solicita actualmente ninguna medida cautelar ante el Tribunal, sino que simplemente desea informar» al juez.

Con todo, ha adelantado que «si la OFAC no atiende la solicitud de restitución de la licencia original o la deniega, Maduro presentará una moción formal en los próximos días solicitando dicha medida», al tiempo que ha aclarado que «si el Tribunal prefiere discutir este asunto con las partes antes de presentar las mociones», la defensa del dirigente venezolano estará «a su disposición cuando le sea conveniente».

Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido esta semana la liberación de ambos, en unas declaraciones de su titular, Yván Gil, quien ha defendido a Maduro como «presidente constitucional» del país.