El abogado de la expresidenta de Argentina denuncia a Milei por «abuso de autoridad»

El mandatario afirma que «tomó la decisión» de encarcelar a Fernández

El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), Gregorio Dalbón, ha denunciado este lunes al actual dirigente del país, Javier Milei, al que acusa de un delito de «abuso de autoridad», después de que en la víspera declarara que fue él quien «tomó la decisión» de encarcelar a la líder peronista.

Así lo ha anunciado el letrado en un comunicado en su cuenta de la red social X en el que ha recordado las palabras del mandatario cuando afirmó que el diputado de su partido La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert –que ha renunciado a liderar la candidatura por Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas por sus vínculos con un narcotraficante— estaba siendo víctima de una «venganza», agregando que «soy el primer presidente que tomó la decisión de que (Cristina Fernández de Kirchner) vaya presa».

«Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución y configurando una forma explícita de abuso de autoridad», ha defendido Dalbón, al tiempo que ha considerado que las palabras de Milei evidencian «la falsedad o la ilegitimidad de (…) la sentencia dictada» contra Fernández porque «reconoce haber influido en (el) proceso judicial».

El abogado ha señalado asimismo que el líder ultraderechista, con sus desclaraciones, «confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala». «Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma», ha agregado, por lo que ha defendido la apertura de un «juicio político» contra Milei.

Cristina Fernández cumple una condena de arresto domiciliario tras haber sido declarada culpable de haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.