Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía para los presos políticos venezolanos

MADRID 31 Ene. –

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional», ha indicado Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial, en declaraciones emitidas por la cadena de televisión estatal VTV.

Esta ley, que según la mandataria contaría con el respaldo de Maduro, aspira a «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (…) y el extremismo», así como a «reencauzar la justicia en nuestro país (…) y la convivencia».

Delcy Rodríguez ha pedido a los futuros beneficiaros de esta ley y a quienes ya han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten «la venganza, la revancha y el odio» y ha destacado que esta es «una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay».

«Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela», ha remarcado.

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

La ONG venezolana Foro Penal ha elevado este jueves a más de 700 el número de «presos políticos» excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones «arbitrarias» de su libertad.