Declarados culpables diez detenidos por los crímenes en un rancho usado por un cártel como centro de exterminio

MADRID 8 Jul. –

Un tribunal de México ha declarado culpables a los diez detenidos por su presunta implicación en los crímenes cometidos en un rancho en el estado de Jalisco en el que se han descubierto numerosos restos humanos e incluso tres hornos crematorios clandestinos, unos terrenos usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio.

«Los diez detenidos en el Rancho Izaguirre fueron encontrados culpables tras la audiencia de juicio oral, en la que se les acusaba de tres delitos en agravio de tres víctimas: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado», ha especificado la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

Así, ha recordado que estos diez hombres fueron detenidos en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, situado en Teuchitlán, después de que los agentes se desplazaran al lugar tras recibir informaciones sobre disparos en la zona, donde se desató un enfrentamiento armado antes de que las fuerzas de seguridad lograran arrestar a los sospechosos.

La Fiscalía ha recordado que, una vez los agentes lograron entrar en el rancho, hallaron un cadáver y a dos personas secuestradas. «Tras los alegatos de clausura y su posterior debate, este 7 de julio, el Tribunal decidió dictar fallo condenatorio a los diez acusados por todas las conductas y sus agravantes», ha subrayado, antes de apuntar que este mismo martes habrá una audiencia en la que se anunciarán las sentencias contra ellos.

«La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, subraya su compromiso por combatir la impunidad, así como de mantener un trabajo constante que permita esclarecer los hechos donde se denuncie la desaparición de personas», ha zanjado sobre el caso, que ha provocado una gran polémica en el país norteamericano.

El Comité Contra la Desaparición Forzada (CCDF) de la ONU dictó en abril medidas cautelares a México para que garantice el correcto resguardo de los restos y objetos personales de las personas desaparecidas en el lugar, al tiempo que denunció que «las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desparecidas que realizaron el hallazgo en el Rancho Izaguirre estarían siendo objeto de amenazas, intimidaciones y represalias».

Posteriormente, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha reconocido la existencia de «años de impunidad» en el caso del Rancho Izaguirre. «No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa», lamentó durante una rueda de prensa junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno mexicano explicó que el CJNG reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad con sueldos de hasta 12.000 pesos (cerca de 550 euros) semanales. Una vez trasladados al rancho, permanecían incomunicados mientras recibían formación física y de manejo de armas y se les integraba dentro de la organización o se les asignaban diferentes tareas.